Basada en Italia, la empresa es contratista de varios países y agencias de inteligencia, incluyendo Estados Unidos (el FBI y la DEA), Italia, Panamá y varios Estados con un récord complicado de persecución a las libertades: Omán, Uzbekistán, la Policía de Marruecos, el aparato de seguridad nacional de Egipto, organismos de Catar y Arabia Saudita. Y, sí, ahora sabemos que Colombia está en ese grupo.
La Policía Nacional, por ejemplo, se conoce ahora que compró en 2013 un sistema de control remoto (RCS, por su siglas en inglés), conocido en la comunidad de inteligencia como Galileo, herramienta utilizada para interceptar comunicaciones en internet y teléfonos inteligentes. Según la institución, “el propósito de esta compra fue potencializar la capacidad de detección de amenazas del terrorismo y la criminalidad organizada en el ciberespacio”. Sin embargo, negó haber hecho negocios con Hacking Team, excusándose en que el contrato se realizó con Robotec Colombia S.A., una empresa nacional. Esto, como lo publicó este diario el pasado 11 de julio, es una verdad a medias: Robotec es socia de Hacking Team y el software vendido es propiedad intelectual de la empresa italiana.
En cualquier caso, lo preocupante es que la actitud de la Policía frente a este tema haya sido evasiva. Se rehusó a contestar varias preguntas formuladas por este diario sobre los correos de Hacking Team, en los cuales se insinúa una posible estafa a la institución mediante la venta del mismo software dos veces. Su silencio en un tema tan importante, especialmente con los antecedentes recientes de espionaje que Colombia ha tenido que sufrir, no es la mejor forma de rendirle cuentas al país. No basta con saber que se está buscando proteger a los ciudadanos. Necesitamos claridad sobre el mecanismo utilizado, las condiciones en que fue negociado y el uso que se le ha dado.
Gracias a los correos filtrados también sabemos que, al parecer, la DEA tiene acceso a toda la información compartida por internet en Colombia. Si lo publicado es cierto, y nadie lo ha desmentido, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá tenía instalado un RCS que estaba en proceso de ser reemplazado por un software más avanzado. No es extraño que nuestro país, centro de la guerra contra las drogas, sea de especial interés para la agencia estadounidense, pero este espionaje indiscriminado merece más explicaciones por parte del gobierno de EE.UU. Ante la noticia, una vocera de la DEA le dijo a Vice: “No hablaremos sobre los correos electrónicos filtrados”. Más evasivas.
Expertos en Estados Unidos y varias partes del mundo vienen advirtiendo, desde 2012, que RCS y, en general, el trabajo de Hacking Team representan una amenaza contra la privacidad de las personas en el ciberespacio. Entre las capacidades del software está activar de manera remota la cámara y el auricular de los teléfonos inteligentes para espiar a quien lo use. También puede interceptar llamadas por Skype y cualquier comunicación por la red. Una herramienta muy útil contra el crimen, pero también tenebrosa si cae en manos de regímenes o personas que quieren perseguir a los ciudadanos que los incomoden. Como sucede en Sudán, a quien Hacking Team le vendió el software incumpliendo las sanciones de la ONU, y como ha sucedido en el pasado en nuestro país. Lo mínimo que esperamos de nuestras instituciones es que, si de verdad quieren mantenernos seguros, sean absolutamente transparentes sobre los métodos que utilizan para hacerlo.
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