EL PASADO 16 DE MAYO NOS LLEGÓ una noticia terrible: Sigifredo López, exdiputado del Valle, fue detenido por la Fiscalía debido a su presunta responsabilidad en el secuestro suyo y de 11 colegas que murieron a manos de las Farc. Rebelión, perfidia, toma de rehenes y homicidio fueron los cargos que pesaron en su contra. Todo representaba una paradoja poco digerible: que López tramara con sus captores el secuestro de sus entonces colegas. Sin embargo, la Fiscalía lucía convencida. Tanto es así que impuso una medida de aseguramiento en contra de él.
Todo por cuenta de un video que, supuestamente, mostraba a una figura nebulosa similar al exdiputado y de las versiones de cuatro testigos. El drama de Sigifredo López debió ser indecible: no tuvo suficiente con estar secuestrado a manos de un grupo ilegal, sino que la justicia de su país le quitó de nuevo la libertad acusándolo del crimen por el cual estuvo perdido en la selva durante años.
Hace unos días, la Fiscalía ordenó la revocatoria de los cargos en su contra y su libertad inmediata. El FBI (hasta allá llegó este penoso incidente) confirmó que el incógnito protagonista del video no era López, y los testigos, en quienes seguía reposando toda la confianza, mintieron, de acuerdo con Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación. Un proceso, en fin, muy mal llevado. Ya lo decían a viva voz los creadores de opinión del país: cualquier resultado de este caso, cualquier verdad revelada, constituiría una vergüenza nacional. Hoy la pelota descansa en la cancha de la Fiscalía, que deberá repensar sus métodos.
Muchas lecciones para el desempeño de la justicia colombiana deja el caso de Sigifredo López.
Lo primero es repetir lo ya dicho. La justicia, a pasos muy rápidos, se está convirtiendo en su mejor modelo de la Edad Media: sin tortura pública, pero sí con toda la exposición del caso, los acusados son mostrados como culpables, haciéndole entender a la opinión pública que una simple detención preventiva (figura de la que se abusa indiscriminadamente) es ya una condena.
La sociedad presiona a los jueces con una sed revanchista: “métalo a la cárcel” es el mantra. Y el monstruo de mil cabezas se alimenta solo. El carrusel de testigos es una realidad que no podemos seguir negando: el pavoroso sistema de recompensas y el de beneficios ha causado que las pruebas testimoniales caigan por su propio peso, al haberse convertido en un negocio despreciable que el jefe de este ente de investigación penal deberá frenar pronto, como ha anunciado.
Este nuevo fenómeno pone en tela de juicio las grandes victorias de la justicia en el siglo pasado: la duda razonable, la presunción de inocencia y, en últimas, el debido proceso. Con un par de testigos en contra, la sociedad entera está a la espera de una condena. Y si investigadores y jueces se dejan llevar por esa presión, que no por lógica deja de ser nociva, la justicia termina por ser todo menos justa. De ese tamaño están los asuntos penales hoy en día. Por ello a nadie extraña que la Fiscalía cuente con tantas demandas en contra.
Muy orgulloso, el fiscal Montealegre salió esta semana a anunciar la liberación de López como un éxito de su gestión. Y sí, loable que al menos no se haya empecinado más en el error; pero parecería como si de por medio no hubiera estado la honra de un ser humano. Una víctima, por demás. Mucho falta entonces para poder celebrar, y quizás el primer paso sea que desde la cabeza se dé ejemplo de serenidad. No se puede olvidar que justo antes de que comenzara este bochornoso episodio, fue el propio fiscal Montealegre quien en una entrevista con Yamid Amat anunció que se acercaban procesos de farcpolítica que estremecerían al país. Éste lo hizo. Y mucho. Pero por la absurda improvisación de la Fiscalía.