Explosiones en Bogotá

La explosión del domingo en la calle 27 con carrera Quinta de Bogotá parece, lastimosamente, el eco de casos similares que vienen ocurriendo en la capital del país y que producen justa inquietud entre la ciudadanía. Más aún, el estruendo vuelve a prender el reflector sobre la incapacidad de las autoridades para dar con los responsables. Además del caos, preocupan las voces que corren a utilizar los atentados con fines políticos, señalando de manera irresponsable a ciertos grupos de haber llevado a cabo el crimen. Que la violencia no sirva para engendrar más resentimientos entre los bogotanos, por favor.

El Espectador
21 de febrero de 2017 - 00:03 a. m.

La explosión del sábado dejó en total 30 heridos: 26 de ellos policías y otros cuatro civiles. Uno de ellos todavía está en delicado estado de salud, pero por lo menos se desmintió el rumor del fallecimiento de uno de los policías, el cual circuló en la tarde del domingo. Sin embargo, la tragedia está consumada: como lo dio a conocer el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, varios de los heridos recibieron partes de metralla en sus ojos. ¿Qué clase de lógica perversa justifica esta forma de mezquindad?

Tampoco debe ignorarse que la explosión ocasionó daños a 34 inmuebles del sector: dos casas y 32 apartamentos, especialmente en los vidrios de sus ventanas. Es un alivio que el alcalde Peñalosa se haya comprometido a que el Distrito pagará por esas reparaciones, pues, como lo denunciaron varios vecinos de la zona, lo mismo no ocurrió cuando hubo un hecho similar en el 2015.

Que haya un referente tan cercano, no obstante, es motivo de alarma en una ciudad cuyos índices de inseguridad van en mejoría, pero que parece muy vulnerable a este tipo de ataques. En lo que va del 2017 se han presentado cuatro detonaciones. Incluyendo años anteriores, contamos 30 casos en la capital, entre los que se incluyen varios petardos panfletarios, ataques con granadas y atentados especializados contra la Fuerza Pública, además de otros intentos frustrados.

Las únicas capturas que intentaron relacionar con este tipo de sucesos ocurrieron en 2015. Se trató de un grupo de estudiantes y profesores a los que señalaron de ser los responsables de atentar contra las sedes de Porvenir y Saludcoop. Sin embargo, al final las autoridades reconocieron que nada tenían que ver con esos hechos puntuales. ¿Por qué no hemos podido dar con los responsables?

En el caso ocurrido el domingo, la Policía ha dejado entrever que la guerrilla del Eln sería la responsable, dado que la acción terrorista guarda similitudes con otro atentado contra uniformados de la Policía registrado a finales de 2016 en la subestación eléctrica de Torca, ubicada en el norte de la ciudad. De comprobarse esta hipótesis, el Gobierno debe sentar su protesta en la mesa de negociaciones. Así como el secuestro, el terrorismo no puede continuar si de verdad este grupo quiere demostrar su voluntad de paz. Pero para eso necesitamos que las autoridades encuentren las respuestas y que no suceda lo mismo que ocurrió en el 2015.

Finalmente, y dada la cercanía del lugar del atentado con la plaza de toros de Santamaría, no sobraron las voces que se afanaron a culpar a los antitaurinos del hecho. ¿No hemos aprendido ya el daño que hacen las acusaciones sin fundamento? En medio del desastre, el país tiene que responder con cabeza fría. De lo contrario, triunfa el miedo y estos atentados se vuelven tristemente exitosos.

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Por El Espectador

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