El tema tiene muchas aristas. De una parte, se argumentan beneficios económicos, pues esta tecnología, que hace accesibles hidrocarburos antes atrapados en rocas impermeables, cambia la ecuación energética, con nuevas existencias de gas y petróleo ahora disponibles en nuevos sitios. Esa posibilidad, en momentos en que las reservas colombianas son inciertas a pocos años vista y, por ende, también lo son las fuentes de recursos para financiar las inversiones sociales urgentes para este país, aparece como una urgencia más que como un simple negocio particular.
Al mismo tiempo, sin embargo, ha venido creciendo la preocupación en torno a los riesgos de contaminación de aguas subterráneas y superficiales e incremento de sismicidad, además de los impactos ya conocidos en explotaciones convencionales. Argumenta el Gobierno que la decisión es sólida y que la explotación será segura con los suficientes estándares de control ambiental que se han diseñado. Un grupo de organizaciones de diverso origen, en cambio, basados en el principio de precaución que rige el derecho ambiental en Colombia, encuentra que se trata de una decisión con falta de certeza científica y en un ambiente de debilidad institucional y por ello solicita la moratoria.
No parece haber en el horizonte espacio para un punto medio. Pero no se trata de otro debate ambiental convencional. La fractura de las rocas para extraer más combustible fósil trae consigo otra fractura menos publicitada: entre el conocimiento y las decisiones políticas. Preocupa la forma como en este caso se viene argumentando que todo está bajo control, en un asunto no resuelto para la ciencia.
En efecto, en un articulo publicado en agosto de 2014 en la revista Annual Review of Environment and Resources, científicos liderados por el Dr. Robert B. Jackson, de la Universidad de Stanford, presentan el estado de conocimiento del balance de los efectos, positivos y negativos, de esta tecnología. Entre las conclusiones resalta la poca liberación al público de información. También, el poco conocimiento de los efectos sobre la salud humana, algo preocupante por la ubicación geográfica nueva de estas explotaciones, en ocasiones cerca de asentamientos humanos. De hecho, Francia y Bulgaria han prohibido el fracking por los niveles de riesgo, inaceptables para la salud humana. Resaltan los científicos la necesidad de estudios de línea base sobre el estado del agua antes del inicio de las perforaciones. Recomiendan, en fin, preferir las perforaciones menos profundas, que acarrearían menores riesgos que aquellas que se realizan a varios miles de metros de profundidad.
En nuestro medio la pregunta es por el conocimiento científico que permite justificar tales decisiones. ¿Han sido consultados los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental? No han sido mencionados explícitamente temas como el agua, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. La fractura es más profunda, entonces. En aras de un crecimiento económico estamos poniendo una alta presión sobre las débiles estructuras institucionales que ligan la ciencia con la política. Y no porque el fracking sea en principio siempre peor para el medio ambiente. De hecho, los mencionados científicos encuentran algunos temas en que sus efectos son menores que los de la explotación de combustibles convencional. El asunto es que hace carrera una gestión ambiental que cada vez parece más basada en el desconocimiento y que obliga a adoptar un nivel de riesgo que no ha sido discutido en la sociedad. Fractura profunda en la relación ciencia-sociedad, y en la misma democracia.