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Esta semana se ha presentado otro problemático enfrentamiento entre el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, y el presidente, Juan Manuel Santos, esta vez por la directiva del jefe de Estado, que autoriza a los funcionarios para participar de manera activa en la campaña del plebiscito por el acuerdo final. El choque de trenes institucional crea una ambigüedad que amenaza la legitimidad de la campaña.
Ya en su momento, antes de que la Corte Constitucional fallara sobre el plebiscito, el procurador y el presidente se habían enfrentado sobre si era legal que quienes trabajan para el Estado a nivel nacional y local pudieran manifestar su apoyo abiertamente al Sí y al No, participar en actos de campaña y hacer uso de los recursos públicos para dar información sobre el plebiscito. El tribunal constitucional, no obstante, pareció zanjar la discusión al argumentar: “No se muestra inconstitucional que los funcionarios y empleados públicos que adelanten campañas por el plebiscito puedan utilizar aquellos bienes y recursos públicos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los servidores. Esto bajo el entendido de que de dicha utilización no se deriva un beneficio personal para el gobernante, sino que sólo facilita la participación de los ciudadanos sobre la aceptación o rechazo del acuerdo final”.
En desarrollo de esa decisión, el pasado lunes, el presidente expidió la directiva número 05, en la cual dice: “A partir del 30 de agosto y durante la campaña plebiscitaria, los funcionarios podrán realizar acciones de divulgación y promoción del acuerdo final de paz, y podrán participar en actos de proselitismo electoral y promover activamente y de manera pública la votación por el Sí o por el No al acuerdo final. Así mismo podrán invitar a los ciudadanos a apoyar cualquiera de las dos opciones”.
Sin embargo, el procurador, quien tiene la potestad constitucional de sancionar a los funcionarios que participen indebidamente en política según su criterio, y quien ha sido un fuerte crítico de la manera como el Gobierno ha adelantado la campaña por el plebiscito, dijo que la directiva es “una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la Ley”. Además, Ordóñez agregó que publicará un documento en el cual explicará sus reglas para que los funcionarios puedan participar en el plebiscito.
El procurador está provocando el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, presumiblemente para que cualquier acto que se realice de aquí al 2 de octubre pueda servir de insumo para alimentar los discursos que pretenden poner en entredicho la legitimidad de la votación que se realizará. Y los funcionarios, entre tanto, tienen al presidente diciéndoles que pueden participar en la campaña y al procurador agitando su poder disciplinario como amenaza a quien incumpla reglas que no están claras. Perdemos todos.
En nada le ayuda al país tampoco la retórica utilizada por el procurador Alejandro Ordóñez, que asimila el proceso a un complot elaborado para retirarlo de su cargo. Por supuesto, también hizo mal el presidente al pedir celeridad en el proceso de nulidad que cursa contra Ordóñez en el Consejo de Estado y que está próximo a ser fallado.
En este espacio hemos dicho que nos parece apenas natural que los funcionarios participen en el debate nacional sobre los acuerdos, dada la importancia de la coyuntura y el hecho de que se trata de una propuesta de política de Estado que afecta a todos los colombianos. Lo clave es que haya límites claros para que la campaña no se torne en una fiesta clientelista. Es decir, y siguiendo lo que dice la Corte, que todas las manifestaciones públicas se refieran única y exclusivamente al acuerdo y no hagan mención a figuras políticas individuales.
La falta de comunicación y las diferencias entre estos dos poderes no deberían afectar a los funcionarios ni distraer al país del verdadero debate que está en el centro de la pregunta del plebiscito.
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