Desde acá, desde la capital del país, el panorama puede verse como la realidad expuesta por la senadora Paloma Valencia desde su cuenta en Twitter: “Una invasión violenta con ataques sobre policía”. Una invasión violenta, por demás, contra la propiedad privada que unos cuantos adquirieron legalmente sobre estas tierras hace tiempo. Razón no le falta, si se mira solamente la fotografía en plano cerrado de las vías de hecho. La situación, sin embargo, es mucho más honda y reviste una complejidad histórica. Los indígenas, ahogados en este barullo de la violencia (que por supuesto no defendemos), están exigiendo cosas.
De acuerdo con Feliciano Valencia, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), están llevando a cabo en esa región el plan “Liberación de la Madre Tierra”. Es decir, una presión deliberada al Gobierno Nacional para que cumpla el decreto 982 de 1999, en el que se estipula la entrega de miles de hectáreas para las comunidades nativas de esa región.
La Contraloría General de la Nación, en una auditoría realizada en 2013, indicó de manera tajante que “revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto”. Muchas cosas faltan, entonces.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha pedido que no se recurra a las vías de hecho: que se respeten la propiedad privada y el acceso que personas ajenas a este conflicto tienen a la vía Panamericana, donde se adelantan las protestas. Tiene razón. Sin embargo, esto es mucho más que un problema de orden público: se trata de una necesidad social que por años ha sido desatendida. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se entablara un diálogo. Y, por las últimas noticias que los medios hemos registrado sobre al respecto, una delegación del Gobierno se desplazará a la zona para hablar y llegar a una serie de acuerdos.
La solución correcta, claro, al menos en su mitad más noble: hay que encontrar los caminos adecuados para adelantar la entrega de tierras que se adeuda. Este diario siempre ha sido partidario de que las partes se oigan (tanto exigencias como concesiones posibles) y puedan llegar a un conducto común que los lleve a una solución pacífica. Pero mucho más allá de esto se nos hace necesario el pronto cumplimiento de las obligaciones: estas protestas no son gratuitas.
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