El diagnóstico que hace el burgomaestre es más que lúcido: Bogotá produce 7.000 toneladas de basura diarias, de las cuales sólo el 18% se recicla, habiendo la posibilidad de que el 95% tuviera el mismo destino. No es gratuito su reclamo. Los ciudadanos que viven en Bogotá pagan a unas empresas privadas por un servicio que lleva todo al relleno sanitario de Doña Juana, mientras recicladores anónimos y abnegados no reciben un solo peso por hacer la correspondiente labor ambiental.
Todo se inscribe de forma coherente en lo que Gustavo Petro ha pregonado acerca de una ciudad más amable con el medio ambiente. Su visión, por tanto, no puede ser criticada: nada mejor que una Bogotá con basura cero.
Sin embargo, los medios que quiere usar para llegar a esa meta se inscriben, también, en su característica forma de ser: ha entablado, en sus palabras, una “batalla” contra los operadores privados, como si ellos tuvieran la culpa de hacer lo que las distintas administraciones pasadas les pidieron. ¿Para qué librar una batalla cuando se puede llegar a un acuerdo? ¿Por qué el señor alcalde insiste en que hay que tumbar ese sistema, en vez de buscar la forma para que se integre cómodamente con su altruista visión de ciudad que nosotros también compartimos?
La decisión ha sido montar una empresa de aseo público, asignándole la responsabilidad a la Empresa de Acueducto de Bogotá. ¿Errado? Si se mira en detalle, sí. Sobre todo cuando la misma empresa ha reconocido, no sin un sano temor, que aún no existe un estudio técnico serio que respalde la propuesta del alcalde. Estando a un mes de que se venzan los contratos con los privados, Petro sacó apenas ayer su carta de salvación: que el servicio público de aseo se licite (quién sabe cuándo) entre una lista de proponentes presentada ante la empresa de Acueducto. Es decir, empresas que sepan bien qué se hace con las basuras. Asignándoles, presumimos, una misión ambiental mucho más compleja de lo que hasta ahora ha sido y un porcentaje justo de la tarifa que pagan los ciudadanos.
Ante este panorama no puede dejar de pensarse, así sea con un poco de suspicacia, que Petro está improvisando. Los interrogantes están, al día de hoy, bastante abiertos para el poco tiempo que queda. ¿Cómo operará el sistema durante los meses (o años) que tome estructurar la nueva licitación, ahora a cargo del Acueducto y antes de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos? Si es el Distrito quien asuma la gestión en esos meses, ¿de dónde van a salir los camiones? ¿Qué ocurrirá con el sistema tarifario? ¿Tendrán los privados el derecho a la libre competencia, como lo garantiza la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios? ¿Cómo se establecerá el nuevo sistema de reciclaje, cuando el alcalde tiene la obligación de formalizar las bodegas, actualmente ilegales, mientras haya tanta resistencia en el gremio reciclador?
Hay que pensar con cabeza fría el futuro del sistema. A la hora de evaluar el panorama que tenemos, pedirle cabeza fría al alcalde es lo mínimo.
¿Por qué no pensar, por ejemplo, en presionar a la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico para que incluya en la tarifa un porcentaje para el reciclaje? ¿Por qué no pensar en hacer campañas educativas de selección en la fuente mucho más profundas?
La respuesta a quién recogerá la basura de los bogotanos, si empresas experimentadas o neófitos, está más que pendiente. El sistema no aguanta un borrón y cuenta nueva. Ninguna ciudad, recordemos, ha logrado la meta de basura cero. Esto último da para pensar que, más que radical, la política pública debe emprenderse de una forma gradual. Consultando, de paso, lo que han hecho las ciudades que tienen avanzado este proyecto. Que por hacer mucho no nos quedemos sin nada.