Así, en vez de intentar solucionar los casos con cuentagotas, podría llegarse incluso a las causas de los mismos. Esto se hace, y es más que obvio, para dar un mejor uso al personal con el que cuenta la Fiscalía, siempre escaso. Hacer más con menos.
Es harto sabido que esta institución se encuentra desbordada. La misma ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, le ha hablado al país del nivel “utópico” con el que se combate el crimen menor en Colombia. Por un millón de denuncias hay apenas cinco mil fiscales que puedan hacer la investigación. La lentitud cada vez mayor del sistema judicial se explica, en parte, por ese lado. Pero la otra parte de la reflexión de la ministra es muy importante: “Debemos hacer una revisión de la cantidad de delitos penales”, le dijo a Caracol Radio en una entrevista. Y es cierto.
Los estudios sociológicos han demostrado de sobra que la confección legislativa de delitos (y de penas altas, y de condenas ejemplares, y de detenciones preventivas irrestrictas) se debe más al anhelo de los legisladores de congraciarse de alguna forma con la sociedad, que de una necesidad efectiva de meter a tanta gente a la cárcel. Ojalá la ministra tome en serio sus palabras y pueda plantear un modelo progresista que cambie, de forma real, la manera en la que los colombianos conciben las penas.
Con todo, el nuevo modelo es una propuesta que debe ser examinada en su real dimensión. ¿Cómo se piensa solucionar los delitos de las grandes redes de criminalidad? Lo que se busca es oxigenar las investigaciones, muchas veces obviando la indagación acerca de asuntos “menores” —el raponeo en una esquina, las lesiones personales originadas en una pelea—, y de esta forma poder avanzar en delitos de más envergadura: el contexto del crimen, la macrocriminalidad de las bandas, si se quiere.
Mucho es lo que se ha hablado de empezar a hacerlo en nuestras ciudades y poco es lo que se ha avanzado en este terreno; entonces, bienvenido. Es, a todas luces, lo más conveniente que puede hacerse para frenar, justamente, los raponeos en las calles, los hurtos clandestinos y fatales de celulares, a las bandas que se dedican a esto y que nunca han sido desmanteladas del todo.
Sin embargo, hay que cuidar mucho la sensación de impunidad que puede empezar a reinar en la ciudadanía. El Ministerio y la Fiscalía no pueden darse el lujo de enviar un mensaje errado a los ciudadanos víctimas de un delito particular. En eso deberán trabajar a todo vapor: un Estado no puede dejar la imagen de que ha desamparado a sus ciudadanos. Y es cierto que ya han respondido a los suspicaces diciendo que no se dejará de combatir a los delitos menores.
Los ojos deben estar atentos sobre esta reforma, que se hace necesaria, cuando sabemos de la lentitud y la congestión que existen a la hora de evaluar delito por delito. Vamos a ver cómo es que se da esta nueva era del ente investigativo, que se lanza con una de sus apuestas más arriesgadas.