La criminalidad se pega de esta nueva “gallina de los huevos de oro” para nivelar sus finanzas y, así, abusar de todas las personas que allí están involucradas; el medio ambiente se ve perjudicado en extremo, ya que este tipo de minería se hace sin ningún control ambiental, contaminando ríos y haciendo venenosa el agua sobre la que se vierten los materiales industriales, usados sin discriminación.
Hemos dicho con anterioridad que la locomotora minera de Juan Manuel Santos pareciera, en ocasiones, no tener rieles. Si esto es así, la ilegal está desbocada, no tiene ni siquiera frenos. La idea es ponerle uno. El problema de la minería ilegal, sin embargo, refleja dos padecimientos endémicos de este país: la falta de institucionalidad y la falta de estudios pertinentes que tengan un nivel de precisión aceptable.
Empecemos por lo segundo. Puede que suene a una exigencia de académicos recalcitrantes, pero hace alrededor de 10 años Colombia no ha podido diferenciar, en la práctica y con detalle, la minería ilegal —la que tiene permeabilidad de capitales non sanctos— de la artesanal —la que se hace por parte de pequeñas comunidades—. Esto es grave, sobre todo porque ya ha sido firmado un primer decreto (de los muchos que se vienen) en el que se dispone la destrucción de la maquinaria que se encuentre en actividades de “minería ilegal”. ¿Cómo diferenciar la una de la otra? No hablamos de los casos claros, sino de los grises, en los que un policía cualquiera en una región cualquiera no sabría si aplicar el poder inmenso que le concede la ley. O, más bien, que lo aplicara, cometiendo una arbitrariedad que en parte no es su culpa. ¿Se verían perjudicados mineros artesanales, esos que el mismo gobierno quiere proteger y subir de “escala”?
El otro problema, el principal, es el de la institucionalidad. La falta de ella, mejor. Los pequeños mineros han quedado en una zona de penumbra desde hace muchos años. No se sabe quiénes son, no hay una línea divisoria clara entre ellos y los ilegales para poder aplicar de forma coherente una ley que castigue a estos últimos, como pronto va a suceder. Y lo mismo pasa cuando uno piensa suspicazmente en la corrupción —e influencia— que la minería ilegal puede tener en, digamos, las autoridades. Esto refleja, sobre todo, la debilidad del Estado para afrontar un problema que ha crecido a la sombra, pero que tiene una impronta innegable y demasiado fuerte.
Antes que tomar medidas represivas y expedir leyes que combatan sin tregua a la llamada “minería ilegal”, el Gobierno debería pensar, más bien, en entender el fenómeno al que se está enfrentando. No sólo sabiendo distinguir bien los distintos tipos de minería para que su fuerza legal tenga claro a dónde ir a atacar, cometiendo el mínimo de errores, sino que también debería llenar de Estado los sitios ocupados por la marginalidad. Esto sólo se puede hacer dándoles papeles más protagónicos al Ministerio del Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Minería que, según lo que le dicen los expertos a este diario, sigue siendo una institución de papel.
La iniciativa es buena. Es hora de preocuparnos y estar pendientes de cómo se va a llevar a cabo. El freno de la minería ilegal es necesario. Pero debe hacerse de la forma adecuada.