¿Qué hacer con la participación en política?

El vicepresidente, Germán Vargas Lleras, ha sido objeto de críticas por participación en política en favor de su partido, Cambio Radical. / Vicepresidencia de la República

Con las elecciones cerca, crece la ansiedad de los políticos por utilizar todos los mecanismos disponibles para capturar votos y se enciende, de nuevo, un debate viejo pero esencial, que se nos antoja que se ha dado en términos equivocados: el de la participación en política de los funcionarios públicos elegidos. El vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, han sido objeto de fuertes cuestionamientos en los últimos días, provenientes de diversos partidos políticos que los acusan de intervenir indebidamente en las campañas que están en curso. El tema, por sus implicaciones disciplinarias y para la democracia, debe mirarse con lupa.

El ministro Cristo dijo que “los colombianos se pronunciarán también el 25 de octubre, día de las elecciones, apoyando a los candidatos de la Unidad Nacional”, lo que dio pie a críticas de los principales partidos de oposición —el Polo y el CD—. Por su parte, Vargas Lleras ha sido criticado por dos razones: primero, los codirectores de los partidos de la U, Roy Barreras, y Liberal, Horacio Serpa, le enviaron una carta al presidente Santos en la que, en síntesis, señalan que la entrega de obras y el compromiso presupuestal para infraestructura por parte del vicepresidente tiene un trasfondo en favor de los candidatos de Cambio Radical.

Segundo, como lo reveló recientemente La Silla Vacía y lo retomó El Espectador, el vicepresidente recibió en su oficina a varios candidatos a los que luego se les dio el aval de su partido político, del cual es líder natural. Si bien Vargas Lleras dijo que no se tocaron temas electorales y que las reuniones sucedieron antes de que se cerrara el periodo de inscripciones de candidatos, y Cristo dijo que había tenido un “lapsus” al hablar, lo que está de fondo es cómo tratar la relación lógica que los funcionarios elegidos (sean del Gobierno o de cualquier otro partido) tienen con sus partidos de origen y con el futuro de sus gestiones.

En esencia, las campañas políticas se construyen sobre el contraste o la aparente similitud con quien tiene los cargos en su momento. De ahí que aparezcan frases con implicaciones perversas, como la de Fernando Ovalle, candidato de la U a la Gobernación de Cesar, quien dijo, al prometer la construcción de vivienda gratuita: “Somos amigos del que hoy maneja la chequera, es decir, del doctor Germán Vargas Lleras”. Ya al comienzo de la campaña Roy Barreras había insinuado que Cartagena se quedaría sin inversión si no elegía un candidato de la Unidad Nacional. Y así.

Esa clase de relación, donde se asume que los recursos del Estado estarían a disposición de unos candidatos y no de otros, debe perseguirse. Pero nuestra solución actual, que consiste en vetar por completo a los funcionarios elegidos de dar su opinión sobre las elecciones, genera el efecto complejo de obligar a que los apoyos se hagan de todos modos, pero de manera clandestina o por interpuesta persona. O, como hemos visto en Bogotá, a que los funcionarios renuncien a la Alcaldía durante elecciones para luego regresar, como sucedió hace un año en las presidenciales y ocurre de nuevo ahora para ir a respaldar una candidatura afín.

Sería más sano y transparente considerar fórmulas, aplicadas en otros países como Estados Unidos, donde los funcionarios públicos pueden dar a conocer sus posiciones políticas —que las tienen y son secretos a voces— sin temor, pero también con claros mecanismos de control para posibles extralimitaciones.

La propuesta debe pensarse bien, por supuesto, pero la censura de todo comentario no está funcionando y está ocultando un montón de dinámicas políticas que causan desigualdad y, sí, afectan nuestra democracia.

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