Los proyectos de ley más aplaudidos, víctimas y tierras, son suyos, como lo es el del primer empleo. La bandera roja, tras doce años por fuera del poder —precio mínimo tras el vergonzoso proceso 8.000—, recobró fuerzas y se incorporó a la agenda del Gobierno al punto de que la opinión pública olvida con frecuencia que su cabeza es, de hecho, miembro de la U. Cambio Radical ha compartido este protagonismo con iniciativas igualmente progresistas. Por el contrario, el tradicional Partido Conservador sólo ocupa titulares últimamente cuando decide hacer oposición a las iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, y pese a ser secundario, su papel es importante: en una alianza política tan grande como la que consolidó el presidente Santos con la Unidad Nacional, algo de resistencia ideológica es el mínimo de seguridad para el buen equilibrio político, con todo y la actual fragmentación de la agenda conservadora, que no parece tener ni cuerpo ni norte.
El caso, sin embargo, es distinto si de lo que se trata no es de adelantar proyectos políticos, sino de bloquear iniciativas legislativas como medio de negociación de las cuotas burocráticas amasadas durante doce años de cercanía al poder. Mucho menos lo es si estas cuotas están atravesadas por duros escándalos de corrupción, de los que, al parecer, hacen parte varios miembros del partido. Es un hecho significativo que de los trece congresistas y excongresistas que están siendo preliminarmente investigados por la Corte Suprema de Justicia por razón de los escándalos en la Dirección Nacional de Estupefacientes, la mayoría sean conservadores.
Es natural que el partido reaccione ante la situación, pues la masiva investigación empaña, de inmediato, la reputación del colectivo. No obstante, por duro que pueda llegar a ser este episodio, el lugar para enfrentarlo es sólo uno: la Corte, el escenario judicial. Es claro, o por lo menos debería serlo, que la acción política llega justo hasta donde comienza la justicia y el debate legislativo no puede ser utilizado como instrumento para hacer difuso tal límite.
La excusa con la que se pidió una cita con el presidente Santos fue la ley que le ha de permitir al Gobierno hacer reformas administrativas del Ejecutivo, entre la que se incluye la reestructuración de ministerios y del DAS. Pero no hay nada en tal proyecto de ley tan controvertido como para hacer que los conservadores se levanten de la mesa, como tampoco hay nada realmente oscuro en los demás proyectos a los cuales han decidido ponerles un palo en la rueda. Mucho menos hay algún tipo de complot adelantado por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, para sacar al partido del panorama. Sí, los conservadores han perdido protagonismo, pero porque se durmieron en sus laureles y ya es hora de que se levanten y se defiendan con honradez.
Sin duda, el poder se va a reconfigurar y también lo hará la burocracia. El positivo reajuste de la Superintendencia de Sociedades es una muestra de ello. Y si los conservadores hicieron las cosas mal, deberán enfrentarlo, asumir el costo y redireccionar el partido. Caerían muy bajo si, para blindarse, entorpecen, sin la menor consideración, el funcionamiento del país y obstruyen, con su poder político, la justicia. Una estrategia similar utilizó el Partido Liberal durante el proceso 8.000 y el país le cobró 12 años por eso, cuenta que hubiese podido seguir si la Unidad Nacional no los hubiera acogido. ¿Seguirá el mismo camino el Partido Conservador o enfrentará sus faltas de cara al país?