Esto quiere decir que a partir de ese día dichas entidades, entre otras muchas cosas, tienen que haber divulgado información que es de interés público en sus páginas web, de acuerdo con lo reglamentado en dicha norma, y deben haber elaborado los inventarios de cuáles son los documentos con los que cuentan en sus archivos y oficinas. Es el momento, además, para que la Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público, pueda ejercer sus labores como garante de dicho derecho. Las entidades territoriales, que tienen mayores dificultades de presupuesto y planeación, todavía cuentan con otros seis meses de margen: también deberán cumplir.
Estas labores no tienen por qué ser demasiado difíciles de implementar. Después de todo, la ley fue firmada hace seis meses y fue declarada exequible por la Corte Constitucional hace más de un año. No hay pues motivos para ahora dar excusas: llegó la hora del ejemplo. No pueden decir que no les avisaron ni que no tuvieron tiempo suficiente.
El derecho de acceso a la información pública no fue inventado ayer. Existía desde hace mucho tiempo. La Constitución de 1991 consagra el derecho de todos los ciudadanos a buscar y recibir información, a tener acceso a los documentos públicos. Antes de esa norma, hubo leyes que comenzaron a abrir el camino. Pero lo que hace esta ley —promovida por la Alianza Más Información, Más Derechos, conformada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Transparencia por Colombia, Dejusticia, el Proyecto Antonio Nariño y Corporación Ocasa— es recopilar los diferentes principios y estándares que han sido reafirmados una y otra vez por la Corte Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta ley es una herramienta clave para la ciudadanía y, por supuesto, para el periodismo. La principal labor que debemos hacer a partir de ahora es aplicarla. Pero más allá de esto, es necesario hacer seguimiento y vigilancia para que los funcionarios inescrupulosos o perezosos no oculten la información que es de nuestro interés. Después de todo, como lo hemos contado ya en otros momentos desde este espacio, la cultura del secreto es un enemigo muy fuerte de vencer. Es una cultura inexplicablemente implantada ante el silencio de la sociedad entera. Todavía son muchos los que ven las preguntas de los ciudadanos preocupados como un insulto o como una oportunidad para sacar ventaja.
El mensaje más importante que deja la entrada en vigencia de esta ley es que esa cultura del secreto debe dejar de existir. Muchos de los escándalos de corrupción de los últimos años, y de tiempo atrás, posiblemente no habrían sucedido si no hubiera existido tanta facilidad para ocultar los hechos relevantes.
Pero esta ley no debe quedarse solo como una herramienta para ejercer control público y luchar contra la corrupción. Es importante que los ciudadanos sean conscientes de que el acceso a la información sirve para potenciar otros derechos: la educación, la justicia, la salud… derechos importantes.
Este concepto cobra más importancia hoy en día. Los diálogos de paz y un eventual acuerdo entre el Gobierno y las Farc hacen que la gente espere verdad, justicia y reparación. Estas garantías no pueden quedarse en simples declaraciones. Deben ir más allá. Para esto, el acceso a la información debe ser un eje esencial de todo el proceso de posconflicto. La ley puede ser el insumo. Hay que aprovecharla.