Se trata de áreas que por su importancia biológica vienen siendo consideradas en la ampliación del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Para los conocedores de la biodiversidad, se trata de las principales áreas faltantes para que el país pueda contar con un sistema de áreas protegidas completo y representativo de los tipos de ecosistema del país.
La oportuna decisión del órgano rector de la política ambiental abre la posibilidad de conservar sitios señalados por su importancia biológica, como las serranías de San Lucas y Perijá, hacia los extremos norte de la cordilleras Central y Oriental. La mayoría de las especies que contienen no se encuentran presentes en el resto de áreas protegidas del país y muchas de ellas son únicas a nivel mundial. Igualmente, lo que queda de los bosques secos del canon del Patía, y las singulares selvas de Cumaribo en la transición entre la Orinoquia y la Amazonia. Muy importante, igualmente, es la inclusión en esta lista de futuras áreas protegidas, como las zonas de sabana en la altillanura disectada en el alto Manacacías, ya vislumbradas como parque nacional por el Mono Hernández, el pionero de los parques nacionales de Colombia. Y por último, pero no menos importante, las grandes extensiones de humedales y sabanas en el departamento de Arauca, que serían nuestra versión protegida de los famosos Everglades de la Florida, con grandes concentraciones de vida silvestre. Sin duda, podrían ser la meca del ecoturismo en un escenario de posconflicto.
Para los críticos de la gestión ambiental del actual Gobierno, la decisión generó cierta sorpresa, positiva por supuesto. La motivación es clara: el Gobierno atiende en estos sitios su obligación constitucional de ser garante de la conservación de la diversidad e integridad de los ecosistemas y evitar su deterioro irreversible. La misma se constituye en una pieza jurídica de referencia en la aplicación del principio de precaución, incorporado al orden constitucional.
Con todo, el reto que se abre es tan grande como el valor de los sitios reservados. Corresponde a la Unidad de Parques Nacionales la delimitación definitiva. Se deberán imaginar formas de integrar a estos territorios las expectativas y necesidades de las poblaciones locales; oportunidad para una mejorada política de áreas protegidas, justa y participativa.
Toda esta situación marca un gran contraste con nuestros países vecinos, en los cuales ni siquiera los parques nacionales están permanentemente excluidos de minería o petróleo. Aquí, la totalidad de las tierras excluidas de estas actividades supera lo imaginado. Felicitamos al Gobierno por su iniciativa.
Esto, por supuesto, no resuelve los problemas que persisten en la integración de la minería en el resto del territorio, pero es un paso sustantivo para contar con una política ambiental suficiente, que permita acoger con seguridad y legitimidad las industrias extractivas en una parte necesariamente menor del territorio.
La viabilidad futura de Colombia depende de sus reservas naturales, pulmones de vida para el país y el mundo entero. Ya era hora de empezar a protegerlos.
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