La famosa llave que ha de permitir el blindaje de legalidad para todo el proceso. La base jurídica sobre la que se desarrollará una agenda de justicia transicional apta ante los instrumentos internacionales inmediatamente aplicables.
¿Qué dice la guerrilla? El comunicado es simple: argumentan, en esencia, que se trata de una imposición del Gobierno, de una decisión unilateral que en nada ayudará a ese proceso en el que se comprometieron a participar. La sorpresa y la indignación con esta nueva salida de las Farc son apenas entendibles.
Sí, es lógico que en medio de una negociación, ya por fuera de la mesa en la que se pactan los acuerdos, se empiecen a pedir cosas y a exigir a diestra y siniestra para demostrar fortaleza. Sobre todo cuando, en el campo, los combatientes más rasos siguen dando bala y exponiendo su pellejo. Razón tenía Nelson Mandela, citado profusamente por el presidente Santos en sendas entrevistas la última semana, al decir que en una negociación no se debe prestar mayor atención a lo que los negociadores dicen por fuera de la mesa. Al final, lo que se pacte en ella es lo que cuenta.
Sin embargo, y aunque tengan todo el derecho al “pataleo”, ya va siendo hora de que las Farc entiendan que el futuro del proceso también depende de que ellos le den algo oxígeno. Oxígeno que, está visto, se va consumiendo con cada nueva declaración cargada de cinismo. Si quieren revivir como ciudadanos y participar de manera plena en la democracia, no pueden darse el lujo de caldear tanto los ánimos de una sociedad que se encuentra en estos momentos tan polarizada. Es obvio que la esperanza de la paz es lo que une a los colombianos en todo este proceso, pero la paciencia tiene límites. Deberían entender, pues, que el proceso requiere un respiro, no atiborrarlo de consignas, si es que verdaderamente creen en él.
Eso en lo político. Pero lo otro es la esencia de su argumentación, adornada con su ya conocida prosopopeya jurídica: como ya el Estado aceptó que estamos en medio de un conflicto armado, las Farc se preguntan lo siguiente: “la aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. (...) ¿Cómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?”. ¿Y, entonces, quién debe hacerle modificaciones a la Constitución vigente? ¿Ellos, que no la reconocen como legítima al estar alzados en armas? ¿O a quién le preguntamos?
Devolvamos el reloj un poco. El Marco Jurídico para la Paz, instrumento que examina hoy la Corte Constitucional, fue un acto simbólico que dio pie para que todo esto sucediera: la radicación del mismo, junto con las frases del presidente Santos y la consecuente respuesta de los mandos altos de las Farc, fue lo que llevó a la negociación. Era, en efecto, la llave que abría la puerta. Una vez sentados allí: ¿vamos a cuestionar el instrumento? Y otra pregunta flota en el aire: ¿estarán proponiendo las Farc que sean ellos mismos los que diseñen el instrumento con el que se les va a juzgar? ¡Por favor!
Lógico que se necesitarán veedores y comisiones internacionales, ajenas al conflicto, para que todo llegue a buen término. Tanto en el terreno jurídico como en el político. Pero la petición acalorada de las Farc, esa sí, suena a algo que en nada ayudará al proceso de paz, al que llegaron bajo ciertas premisas y acuerdos.