Y pese a que eso afectó al país en una especie de crisis política reiterada, la realidad ha sido olvidada, como si fuera cosa del pasado. Pero los fantasmas vuelven y de qué forma. En este caso se trata de una decisión pendiente del Consejo de Estado en la que debe decir si el fiscal Eduardo Montealegre se queda por un período entero o hasta julio de este año, dejando a medias la labor que hasta ahora ha adelantado.
Recordemos el bochornoso caso de la exfiscal Vivian Morales, quien después de un año y dos meses de gestión —y en medio de los escándalos por su vida personal— fue retirada del cargo por la nulidad de su elección. Es por eso que se siembra la duda de si su reemplazo, Montealegre, sin duda alguna el mejor de los tres candidatos que se presentaron después de ella, durará lo que debe durar un fiscal cualquiera o simplemente dejará el cargo como parte de un período de reemplazo. De esta forma, tendría que abrirse una nueva terna —con todos los costos que esto implica en términos sociales y burocráticos— y elegir de nuevo. Otro fiscal, otra realidad en política criminal, otra elección difícil entre candidatos que la sociedad y los medios deberíamos exigir que fueran preparados e independientes. No más, por favor.
No puede ser que en cuatro años seguidos vayamos a tener la incertidumbre de quién dirige la Fiscalía. No puede ser que nos sometan a otro período de interinidad más, en el que la indecisión mata los procesos institucionales que se viven en el país. No puede ser que la elección de Montealegre no haya aliviado la muy grande brecha de espera que necesitamos: la jurisdicción de Justicia y Paz necesita probar resultados más allá de sus sentencias contadas con los dedos de la mano, las distintas unidades de investigación deben refrendar su credibilidad investigativa, el país mismo requiere tener un interlocutor en el derecho penal que les dé garantías a unos y otros de que se puede ejercer justicia, entre otros aspectos que mencionábamos en este espacio el día mismo que se dio la elección.
La Fiscalía necesita una dirección constante, que consolide algún tipo de aprendizaje, que establezca prioridades a la hora de investigar, que sea coherente en sus objetivos, que sea fuerte. Esto sólo se logra en la medida en que la institución se consolide con algunos años de experiencia. El país lo necesita, el sistema penal, la justicia. El señor fiscal ha dado pruebas de que tiene una serie de proyectos útiles (lo que él llama ‘macrocriminalidad’, nuevos enfoques en política criminal e investigativa), que quedarían en el aire si su período termina de forma inconclusa.
En este caso no se trata de defender la gestión de Eduardo Montealegre como individuo o funcionario público. Se trata de consolidar un proceso. El Consejo de Estado, que tiene en su despacho la decisión, ¿ha tomado en cuenta estas variables? Tienen la palabra. Estamos, pues, a la espera de una decisión ecuánime que sirva al engranaje que mueve la mecánica investigativa de este país.