Justa revisión al caso de Andrés Camargo

Parece que la Corte Constitucional va a dar una nueva oportunidad de justicia para Andrés Camargo, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el proceso que lo tiene en la cárcel cumpliendo una condena de 60 meses y con una sanción pendiente de $108.000 millones, todo por el colapso de las losas de Transmilenio por la utilización de un relleno fluido inadecuado.

 El tema es delicado porque está en juego una condena que ha sido criticada por muchos sectores de la opinión y la vida pública.

Camargo fue acusado por la Fiscalía en 2006 junto con los funcionarios María Elvira de la Milagrosa Bolaño y Óscar Hernando Solórzano. Según el Tribunal Superior de Bogotá, segunda y última instancia del caso dado que la Corte Suprema de Justicia negó el recurso extraordinario de casación, el exdirector del IDU es culpable del error en la ejecución del contrato, lo que a su vez significó un detrimento patrimonial al Distrito tasado en la sanción mencionada. Sin embargo, según Camargo —y, ahora, una ponencia positiva del tribunal constitucional, redactada por el magistrado Jorge Pretelt Chaljub—, se le está cobrando un error que se escapaba de su competencia.

Esa posición parece razonable. Los hechos del caso demuestran que la selección del material para las losas era competencia de la compañía que se ganó la licitación, la cual se hizo cumpliendo con los requisitos de ley. Camargo lo ha explicado mejor: “No sé en qué momento un tema técnico en cuya decisión no participé, terminó en un proceso penal en mi contra. Había en ese momento 1.500 obras al tiempo y como director del IDU era imposible estar encima de cada una de ellas. Por eso se hacía lo que la firma diseñadora escogía”. No hay, valga decirlo, cuestionamientos por las otras obras ejecutadas en los tres años de dirección de Camargo, entre las que se incluyen 22 puentes, 1.500 kilómetros de carril en vías y una inversión cercana a los $2,6 billones.

Según supo El Espectador, hay consenso en la Corte Constitucional para fallar a favor de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que revise la decisión. La ponencia argumenta que “se le endilgaron de manera directa comportamientos que supondrían exceder sus funciones y competencias y para los cuales él contrató personas idóneas” y, además, que el juez de segunda instancia no hizo el contraste debido de varios medios de prueba que, a juicio del ponente, podrían cambiar el sentido del fallo y eximir de responsabilidad al exdirector del IDU.

De aprobarse la ponencia, y no hay motivos para creer lo contrario, la Corte Suprema de Justicia estaría obligada a evaluar de fondo el asunto, valorar los medios de prueba y confirmar o revocar la sentencia condenatoria contra Camargo. No es un triunfo definitivo, y aún hay una buena posibilidad de que la Corte, como todas las instancias judiciales previas, decida que la responsabilidad de Camargo sí es evidente. De ser así, la decisión tendrá que respetarse.

El punto aquí, no obstante, es que Camargo ha demostrado, en todos los puntos del proceso, un respeto profundo por los mecanismos judiciales. Su presencia en el país y su defensa con argumentos claros, inusual para esta época de falsos “perseguidos judiciales”, les impone a los jueces la carga de demostrar, más allá de toda duda, que este sí es un caso de irresponsabilidad. Entre otras cosas porque este caso es un precedente que pone a temblar a funcionarios públicos bien intencionados que interpretan los hechos como un error de buena fe, y ven a la justicia imponiendo un criterio de conducta inalcanzable para cualquier servidor público, pues va más allá de la debida diligencia. Bien por la Corte Constitucional y esperamos que la Corte Suprema le dedique al tema la consideración que merece.

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