El fenómeno queda registrado en la amplia aceptación que tienen en la opinión pública los aumentos reiterados de las penas (de cualquier delito) pero a su vez, en las intentonas crecientes de linchar gente como una especie de reducto de la justicia por mano propia, que el Estado moderno quiso eliminar. La semana pasada, el fenómeno se dio en Kennedy, Chapinero y una estación de Transmilenio, en Bogotá, y fue consignado a lo largo y ancho de las redes sociales. Todos a una, los ciudadanos sienten que pueden juzgar e incluso asesinar al otro cuando su más bajo sentido de justicia se ve empañado: en los tres casos la policía salvó la vida de tres hombres (supuestos ladrones) de la inconsciencia iracunda de la multitud. Eso es una muestra palpable (fatal) de nuestro atraso como sociedad. La premodernidad de nuestras convicciones sanguinarias.
Todos pierden a la hora de un linchamiento, por demás. Primero, claro, los ciudadanos, que creen que con ello solucionan un problema mayor como el de la delincuencia. Nada de eso. El fenómeno sigue de largo ante la ausencia de medidas estructurales que lo solucionen. Matar al presunto delincuente, digamos, no va a acabar con la problemática, sino que, en parte la reforzará: los ciudadanos “justicieros” se vuelven, también, criminales. Con una particularidad: mientras para unas cosas los ciudadanos son “justicieros”, para otras son cómplices, como lo ha dejado en evidencia la actitud ambivalente de muchos ante la pequeña corrupción diaria. Preocupa, además, que con estos actos se rompen los principios básicos y elementales de justicia: la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la doble instancia.
Nada de esto quita, por supuesto, el llamado de atención que hay que hacerle a las autoridades: al Estado mismo. Mucho es el descontento que a veces produce la negligencia de la justicia y el poco entendimiento que hay de la criminalidad, sus focos, sus orígenes.
Muchas veces ese rencor es el que incita a la violencia: hay una inconformidad con el funcionamiento de las instituciones que rigen la vida diaria. El linchamiento, más que una enfermedad, es un síntoma de una red mucho más compleja de ineficacia estatal: es el sentir generalizado de una población que descree del sistema que los rige, combinado con una agresividad latente, una violencia que crece con el correr de los días.
No es una excusa, por supuesto. Pero no deja de ser importante, entonces, que las autoridades mejoren en pro de generar una mayor credibilidad entre sus ciudadanos. Todos ganan cuando es el sistema judicial el que se encarga de procesar a los delincuentes. Esa es la función para la que fue creado. Lo contrario nos va a llevar a un lugar sin retorno en el que el linchamiento va a ser el pan de cada día, con variadas consecuencias negativas: impunidad, miedo, afán violento, venganzas generalizadas y ausencia de controles ciudadanos preventivos. La paz de una sociedad no solamente depende de los procesos políticos grandes: también las fibras más finas por donde se conduce la violencia deben ser revisadas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com