Un concepto que se adecúa a la crítica de quienes consideran que se han reducido los márgenes de la actividad política en el país porque en fiscalías, tribunales y cortes se juzgan con exceso, y muchas veces con sesgo, las conductas de los líderes políticos o sus funcionarios, al punto de que sus actividades se homologan a prácticas poco éticas o incluso se encuadran dentro de los acostumbrados análisis de la tipología penal.
No obstante, no se discute con la misma vehemencia la frase a la inversa: la politización de la justicia. Esto es, cuando el poder político presiona o invita al poder judicial a adoptar acciones bajo la excusa de que se corresponden con las urgencias del Estado. Un ejemplo de esta semana que termina permite ilustrarlo: anunció el presidente Santos por estos días que pronto habrá mucha gente de la DIAN en la cárcel. Y sí, nosotros también estamos convencidos de que la infiltración de las mafias en ese organismo, harto denunciadas, merecen acciones prontas de la justicia. Pero que el presidente lo anticipe en público, sin ser autoridad judicial y ni siquiera como un anuncio de gobierno, no parece el camino más institucional.
Seguramente, en breve, o incluso para cuando estas líneas vean la luz, la Fiscalía adelante una redada judicial de funcionarios de la DIAN como parte de una ofensiva contra la corrupción, con lo cual el anuncio del presidente quedaría correspondido. La pregunta inevitable es: ¿dónde queda el principio fundamental del sistema democrático de la separación de los poderes públicos? ¿Acaso no corresponde a la Fiscalía hacer ese tipo de anuncios y, de ser ciertos, sustentarlos debidamente ante jueces de garantías, como lo señala claramente el Código Penal?
Este es apenas un ejemplo de muchos similares, y acaso más aberrantes, que se han visto desde hace tiempo en Colombia (con seguridad recuerdan ustedes al entonces presidente Uribe ordenando el arresto de un alcalde en pleno consejo comunal con transmisión en directo por televisión). Y ha hecho carrera de un tiempo para acá que se convoque a ruedas de prensa, habitualmente presididas por el fiscal general de la Nación y con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, para mostrar resultados judiciales, generalmente con capturas de por medio, con el respaldo del Gobierno y, más de una vez, de otros organismos del Estado. Una vez más cabe la pregunta: ¿dónde queda la separación de los poderes públicos?
En estricto derecho, el primer sacrificado es el debido proceso. Con el Ejecutivo detrás de los anuncios, poca opción jurídica real tienen quienes son presentados ante la opinión pública como promotores o autores de actos de corrupción. A la vez, los fiscales a quienes corresponde instruir los casos tienen escasas alternativas para apartarse de las conclusiones que en un mismo escenario plantean sus jefes en el ente investigador y altos funcionarios de la Casa de Nariño.
Cualquier interferencia de la política en la justicia es lesiva para la sociedad. Tan dañina es la judicialización de la política, que convierte a todo dirigente en sospechoso, como la politización de la justicia, que a veces deja ver a la Fiscalía apenas como un apéndice del Ejecutivo. Claro, se dirá que es válida esta última manifestación en términos de alianza institucional contra el delito, y cierto que lo es, pero en cuanto al debido proceso y la separación de funciones y atribuciones, esta práctica abre un boquete de desconfianza en la independencia de quien investiga y acusa. Cada quien en lo suyo. La necesaria colaboración entre los poderes del Estado debe mantener ese principio, sin que haya razón para pensar que eso la debilita.