Irónicamente, es el mismo día en que se cumplen 20 años del asesinato del periodista radial del Cauca Manuel José Martínez Espinoza. Pese a que se condenó al Estado por los hechos, nunca se conoció a los autores materiales.
El derecho a saber es aquel que tienen todos los ciudadanos de obtener información sobre los aspectos que les preocupan. No es exclusivo de nosotros los periodistas. Eso sí, debemos reconocer que la ausencia de Martínez Espinoza hace que la gente del Cauca lleve 20 años con una fuente de información y de opinión menos.
Pero este caso no es el único. Hablamos de 141 periodistas asesinados por razones de su oficio desde 1977, según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa. Curiosamente, hay un problema de acceso a la información: según cifras de la misma organización en su último informe anual hay 49 expedientes de estos casos con paradero desconocido. Esto crea varias dudas sobre el manejo de la documentación en la Rama Judicial.
No es secreto para nadie que obtener información en dicho poder público puede ser un gran dolor de cabeza, y más si la persona que está haciendo la búsqueda tiene interés dentro de un proceso. Por ejemplo, en el caso de Martínez, la Fiscalía inició la reconstrucción del expediente en el 2011 porque no contaba con registro alguno. Si la información no existe no podemos hablar de acceso a la misma ni de justicia a partir de esta.
La justicia tiene un papel muy importante frente al derecho a saber. No solo porque debe investigar y sancionar acciones que vulneren este derecho, sino porque son una fuente de información valiosa de sus actuaciones y el manejo de su gestión. Es por esto que debemos ver como una ventaja que el Proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública incluyó a este poder público como sujeto obligado a informar a solicitud y de manera autónoma.
A pesar de esto, la implementación de la futura ley por parte de esta rama debe mirarse con mucho cuidado. Los diferentes escándalos de corrupción y la costumbre de considerar que los jueces deben trabajar en medio del secretismo son un obstáculo evidente. En algunos casos, la independencia de esta rama se vuelve un argumento para no articularse con el resto del Estado.
El diseño de política pública que está adelantando la Secretaría de Transparencia de la Presidencia sobre esta norma requiere de mucha voluntad de los representantes de las altas cortes, especialmente del Consejo Superior de la Judicatura. Estos actores deben entender que no son solamente los llamados a dirimir conflictos cuando alguien no obtiene información. También se encuentran obligados a cumplir. Es importante que se tome esta norma como una herramienta para mejorar la gestión e imagen en pro de superar la crisis de confianza frente a la ciudadanía y los diferentes escándalos sobre la administración de justicia denunciados en varios medios de comunicación.
Además de esto, debemos hacer un llamado para que la Corte Constitucional forme parte de la garantía del derecho a saber: queremos que se publique la totalidad de la sentencia que avaló el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información. De esta manera, el Gobierno podrá dar sanción presidencial y poner en marcha la implementación de la norma con mayor certeza de su alcance. Además, invitamos a los lectores a que se apersonen de este derecho. Como punto de partida se puede usar durante hoy en Twitter la etiqueta #yoquierosaber y dejar sentadas sus inquietudes, así sea de manera simbólica.