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La jornada del pasado domingo en Venezuela, convocada por el régimen chavista para elegir una ilegal Asamblea Constituyente, fue la consolidación del gobierno dictatorial que rige al país vecino. A pesar de la fuerte oposición interna, y de una parte importante de la comunidad internacional, el resultado final fue de unos 15 muertos y, según los opositores, un monumental fraude. A partir de ayer desapareció formalmente la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la reemplazan los nuevos constituyentes, todos oficialistas. La violencia gubernamental y el caos continúan siendo la constante.
Frente a la convocatoria y el desarrollo de la jornada, la reacción no se hizo esperar. Varios países, entre ellos Colombia, desconocieron la inconstitucional medida. No podía ser de otra manera. Las decisiones del mandatario venezolano han sido una afrenta al respeto por el Estado de derecho. Nicolás Maduro se sostiene mediante el uso indiscriminado de la fuerza y el encarcelamiento de los opositores, así como su pisoteo del ordenamiento jurídico, con decisiones arbitrarias y acomodaticias. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente controlado y manipulado por Maduro, valida los desafueros del gobierno. En el caso de la ilegalidad de las elecciones, es el Consejo Nacional Electoral (CNE), también controlado por el oficialismo, el que se encarga de organizar y validar el fraude.
Las imágenes de este día trágico fueron elocuentes. Muertos y heridos, provocados en su mayoría por parte de la Guarda Nacional Bolivariana, así como de los colectivos. Centros de votación, en especial en el Poliedro de la capital, sin mayor asistencia de votantes o la inexistencia de los mismos. De allí que los cálculos que hace la oposición, con distintos elementos de medición, sitúen el nivel de participación en un 12 %, es decir, alrededor de los dos millones y medio de votos. Lo anterior en comparación con los más de ocho millones de sufragantes, es decir, el 41,43 % que afirma tener el CNE. La cifra no es gratuita. La oposición llevó a cabo unos días atrás un plebiscito para saber si la población deseaba o no una constituyente y el resultado apabullante fue de más de siete millones de votos de rechazo a la misma. El abultado resultado del domingo debía ser abiertamente superior a la cifra del plebiscito opositor.
La oposición ha hecho un nuevo llamado a la unidad, continuará con las acciones pacíficas de calle y pide un papel más decidido de la comunidad internacional.
Ante estos hechos, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, emitió un fuerte comunicado en el cual se rechaza la represión gubernamental y la violación de los derechos humanos, en especial de los jóvenes, que han puesto la mayor cuota de sangre: “La instalación por la fuerza de una ilegítima Asamblea Constituyente llevará a Venezuela a una ruptura de la convivencia democrática destruyendo sus valores republicanos y profundizará la polarización y la confrontación que vive el país”. Perú convocó una pronta reunión de cancilleres en Lima y se especula sobre nuevas sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno de Caracas. Las mismas no deberían afectar a una población ya de por sí demasiado castigada, sino congelar las grandes fortunas en el exterior que tienen altas figuras del chavismo, así como debilitar a un gobierno abiertamente dictatorial.
El único camino para frenar este descenso en la espiral de violencia es el diálogo, como se ha repetido hasta la saciedad. Diálogo que tiene que incluir, como presupuestos esenciales, la fijación de un cronograma electoral con observación internacional, la liberación inmediata de todos los presos políticos, la restitución de los plenos poderes a la Asamblea Nacional y la apertura, sin mayor dilación, de un canal humanitario para alimentos y medicinas, como lo ha solicitado con insistencia el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El dictador continúa inmerso en su laberinto.
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