La represión de Daniel Ortega contra la Iglesia

La situación en Nicaragua sigue empeorando y Colombia no debería guardar silencio.

Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

La detención arbitraria de monseñor Rolando Álvarez y un grupo de sacerdotes que lo acompañaban, en un operativo policial que más parecía dirigido contra peligrosos criminales, reitera la intención de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de acallar cualquier signo de oposición en Nicaragua. El hecho, que ha recibido un amplio rechazo internacional, entre otros, de la ONU y la OEA, no ha sido condenado de igual manera por el papa Francisco. La situación en el país centroamericano se sigue deteriorando sin que se den muestras del retorno a la senda democrática.

Los conflictos contra la Iglesia católica en el país centroamericano no son nuevos. En los últimos años se habían presentado amenazas y falsas acusaciones que terminaron con la salida de varios sacerdotes al exilio. Entre ellos está el caso de monseñor Silvio Báez, obispo de Managua, quien debió abandonar Nicaragua en abril de 2019, en cuestión de horas, ante lo que denunció era la certeza de un plan del régimen para asesinarlo. En su momento, monseñor Báez se había convertido en la voz de las víctimas de la represión del Gobierno luego de las pacíficas protestas callejeras que se iniciaron en 2018 y que se saldaron con un alto número de muertos, heridos, torturados y encarcelados.

Ahora el turno le corresponde a monseñor Álvarez, quien, desde Matagalpa, era el mayor crítico del matrimonio Ortega-Murillo, en especial por las violaciones a los derechos humanos. La dictadura le impidió continuar con su servicio pastoral y terminó recluido de manera forzosa en la curia junto a un grupo de sacerdotes y civiles. Pasaron 15 días en los que el prelado denunció la manera irregular en la cual era retenido contra su voluntad, sin posibilidad de recibir alimentos o medicinas, para forzarlo a abandonar el país. El viernes de la semana anterior, miembros de las fuerzas de seguridad, según las denuncias, llegaron en cerca de 20 carros con personas armadas y se lo llevaron por la fuerza junto a los demás sacerdotes. En principio las autoridades lo han acusado de “intentar organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio en contra de la población”. No se sabe cuál será su destino final: la cárcel o el exilio.

Las esperadas declaraciones del papa Francisco, quien había mantenido un incómodo silencio, dejan un sabor amargo entre su feligresía. Dijo el pontífice: “Sigo con cercanía, con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que afecta a personas e instituciones, quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”. Fuera de no mencionar con nombre propio lo que sucedió con monseñor Álvarez, la expectativa de que se genere un diálogo entre las partes es, por lo menos, ingenua. Una dictadura que tiene más de 190 presos políticos condenados a largas penas de forma irregular y tratados de la peor manera en sus lugares de reclusión, que ha venido cerrando emisoras regionales que pertenecen a la Iglesia católica, que le ha cancelado la personería a cerca de 1.400 ONG, y que se ha negado a dialogar no es el mejor interlocutor para iniciar conversaciones.

Mientras tanto, después de la lamentable ausencia de Colombia en la votación de la OEA sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, el país ha sido ambivalente en su manejo de la situación. Ni el presidente Petro ni el canciller Leyva se han decidido a sentar posición, lo cual es inaceptable. No podemos guardar silencio ante la deriva autoritaria de la dupla Ortega-Murillo.

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