:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/O4VDR4arVULTH-U2gsRsB3w-joU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/US66VWV4YJA5JAAHQXOGOQNQL4.jpg)
Los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional limitando las atribuciones presidenciales en el uso del fast track para implementar el acuerdo con las Farc tienen a los partidarios de la paz buscando maneras de garantizar que lo pactado no se incumpla. Una propuesta en las comisiones de paz del Congreso parece ser una salida viable, pero harían bien los parlamentarios en no dejar pasar esta oportunidad de darles más legitimidad a los proyectos que se aprueben.
El senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz del Senado, contó que, después de reunirse con todos los partidos que apoyan el acuerdo de La Habana, se tomaron cuatro decisiones que buscan evitar que los cambios introducidos por la Corte Constitucional se conviertan en un obstáculo insalvable para la implementación de lo pactado. Primero, y utilizando una regla muy utilizada en el Congreso, en cada debate se introducirá la propuesta de que los proyectos se voten en bloque. Segundo, se propondrá que aquellas propuestas que no tengan el aval del Gobierno o que desnaturalicen el acuerdo sean acumuladas y negadas también en bloque. Tercero, una comisión de parlamentarios visitará las zonas veredales para tranquilizar a los guerrilleros en proceso de desmovilización para aliviar el nerviosismo que causó la sentencia. Cuarto, se presentará un proyecto para garantizar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección en vista de los reclamos de fallas en el proceso para garantizar la seguridad de los miembros de las Farc.
En la oposición esta noticia no cayó bien. Iván Duque, senador que interpuso la demanda al fast track ante la Corte, dijo que “si lo que quieren es convertir el Congreso en un simple notario, no vamos a participar en ninguna deliberación”. Jaime Amín, parlamentario uribista, dijo en CM& que “hay aquí una rebelión insólita; es un absurdo panorama”.
Varias consideraciones ameritan esta estrategia. Por una parte, tildar de “rebelión” a lo ocurrido, aunque seguramente dará réditos políticos entre las bases opositoras al proceso de paz, es una tergiversación extraña de las reglas del Congreso. Lo anunciado por los parlamentarios no es más que continuar con una práctica muy habitual en el Parlamento, sustentada, además, en la democracia y la ley de las mayorías: si hay suficientes votos, los representantes y senadores son libres de tomar la decisión de aprobar proyectos en bloque. Esto no es nuevo: ¿cuántas veces, durante los años de abrumadoras mayorías del uribismo, no se aprobaron leyes de esta manera? Claro, la Corte Constitucional le devolvió el poder al Congreso de discutir los proyectos en sus detalles, pero eso no borra que el Gobierno, y la paz, parecen contar con las mayorías necesarias para su aprobación.
Dicho eso, invitamos a los parlamentarios que apoyan la paz a que no pierdan esta oportunidad histórica para construir legitimidad para lo que se implemente. La decisión de la Corte les dio la potestad de dar debates sobre los detalles de los proyectos y no deberían cerrarse a votar todo en bloque, impidiendo cualquier discusión. Que la puerta esté genuinamente abierta a escuchar las propuestas del Centro Democrático y de quienes tengan dudas, y que sólo ante el obstruccionismo de mala fe, que existe y se ha venido aplicando, recurran entonces a estas opciones que les da la ley.
Lo más importante es darle seguridad a la paz, tanto desde el punto de vista normativo como del ciudadano: que todo lo avanzado no se pierda en una época electoral que se promete agresiva.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.