La legitimidad de la Fuerza Pública

Al conocerse, la semana pasada, el informe de la ONG Human Rights Watch sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, se escucharon toda suerte de reacciones, varias de ellas inauditas, por decir lo menos, ante semejante práctica abominable y la siquiera eventualidad de que estos asesinatos puedan quedar en la impunidad o que la justicia no llegue hasta los responsables del más alto nivel.

El Espectador
03 de julio de 2015 - 02:21 a. m.

El presidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, en lugar de pedir que las denuncias consignadas en este documento sean investigadas a todo nivel, que es el centro de la queja de HRW, salió en defensa de los generales allí señalados con frases efectistas, como que podían tener la seguridad de que el presidente iba a defender la “legitimidad de las Fuerzas Armadas de Colombia hasta el día que me lleven a la tumba”.

Lo primero que habría que decir es que esa idea de que investigar y denunciar uniformados resta legitimidad a las Fuerzas Armadas es absurda y debe eliminarse de nuestro imaginario. Todo lo contrario: no hacerlo sí que las deslegitimaría, pues sería un premio a aquellos uniformados que deshonraron el uniforme, en desmedro de quienes han cumplido a cabalidad con sus funciones constitucionales, además de un mensaje perverso de que este tipo de prácticas son legítimas armas de guerra.

No, no son los denunciantes quienes perjudican la legitimidad de la Fuerza Pública; son aquellos uniformados que, llevados por la ambición y debido a su falta de escrúpulos, asesinaron civiles para presentarlos como guerrilleros. Y quienes desde diversas tribunas exigen investigaciones completas y sanciones consecuentes no son enemigos de la Fuerza Pública sino, por el contrario, defensores de su misión pulcra dentro del Estado de derecho que nos rige. Lo dijo la misma HRW: la idea no es, de ninguna forma, desprestigiar a la Fuerza Pública, es denunciar presuntas irregularidades que tienen que ser dilucidadas.

Pero, además, que las investigaciones por las miles de ejecuciones extrajudiciales avancen beneficia tanto a los familiares de las personas asesinadas como a los militares investigados. Los primeros porque, gracias a ellas, pueden saber qué pasó con sus seres queridos y confiar en que hay un Estado al que le importa descifrarlo y condenarlo. Y los segundos porque de esta forma pueden confirmar su inocencia y acallar los señalamientos en su contra. Impedir que las investigaciones avancen, dilatar los procesos, como se ha vuelto costumbre en algunos juicios por ejecuciones extrajudiciales, no hace más que desprestigiar a los investigados que, en vez de confiar en la justicia, recurren a maniobras ilegales para evadirla.

Pero no fue solamente el presidente Santos. El procurador, Alejandro Ordóñez, que en una carta a la delegación de las Farc dijo que era necesario esclarecer el escándalo de los “falsos positivos”, ahora, cuando una ONG intenta acercarse a la verdad, decidió salir a desprestigiarla. Vaya coherencia. Todas las violaciones a los derechos humanos, él mismo lo ha dicho, deben ser investigadas.

Señor presidente, señor procurador, y tantos otros funcionarios que reaccionaron de manera similar: no echen en saco roto estas denuncias. La legitimidad de la Fuerza Pública al final saldrá fortalecida si se cierra el capítulo de los falsos positivos haciendo justicia. Para que paguen quienes con sus actos ensuciaron su prestigio tanto como para que quienes lo protegen con su labor limpia puedan mantener en alto su orgullo.


 

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