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Hay precisiones que causan mucho daño. “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero...”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Su propia frase la traiciona, pues empieza con el reconocimiento de que va a aportar pólvora en un tema que ha producido mucho dolor en los últimos años en Colombia. Debió detenerse antes del “pero”, antes de la precisión, antes de mezclar nuevamente en el imaginario la migración con la ocurrencia de actos violentos. Desde el Distrito siguen insistiendo en que no dijo nada falso, que no había malas intenciones. La realidad es otra. En nuestro país hay desprecio por los refugiados y migrantes venezolanos, hay políticos que han aprovechado ese odio para fomentar la xenofobia y obtener réditos electorales, y en el proceso han causado que muchos migrantes sufran la discriminación y la desconfianza de los colombianos. Independiente de sus intenciones, en ese juego cayó López.
“No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí el que quiera venir a ganarse la vida decentemente bienvenido, pero el que venga a delinquir lo debemos deportar sin contemplación”, aseveró López. Ante las críticas, al día siguiente la alcaldesa redobló su posición: “La ley colombiana prevé la deportación de quienes cometen delitos en Colombia. Esa ley no es xenófoba, es lógica. Pedir que se aplique tampoco es xenofobia”. Es decir, prefirió salirse por la tangente a reconocer su error.
Los trucos en los discursos discriminatorios permiten a quienes los expresan fingir que no estaban diciendo nada incorrecto. Es cierto: hay migrantes venezolanos que cometen crímenes. También es cierto: quienes sean delincuentes deberían ser procesados por el sistema judicial. Y la frustración es entendible: hemos visto un aumento del 1,2 % en el número de homicidios comparado con el último año. Pero lo que López hizo fue dar una declaración inútil, irresponsable y que estigmatiza a los cientos de miles de migrantes venezolanos que viven en la capital.
Pero, además, vamos a los hechos. No, la migración no incrementa los crímenes violentos. Un estudio de Brian Knight y Ana María Tribín-Uribe encontró que “son los migrantes, no los nativos, los que enfrentan los riesgos por la migración”, dado que las víctimas de los crímenes violentos son los migrantes y no los colombianos. Una investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, de la Universidad de los Andes, firmado por Juan Sebastián Franco Mora, muestra también que “las estimaciones sugieren que el choque migratorio produce, en promedio, un aumento pequeño en el corto plazo de las tasas de los delitos que podrían tener motivaciones económicas (hurtos), pero ningún efecto sobre delitos violentos, como los homicidios o las lesiones personales”.
Es decir: no, los venezolanos no son los culpables del aumento de los homicidios.
La alcaldesa dirá que ella no dijo que fuera así. Y sí, es verdad. Pero sus comentarios no se hicieron en un vacío. Era innecesario mencionar la nacionalidad y hablar de deportaciones, cuando lo que puede hacerse es pedir justicia sin caer en discriminación. El “pero” en su frase fue inútil, porque hizo lo que dijo que quería evitar: estigmatizar a toda una población vulnerable y perseguida, que en su abrumadora mayoría ha buscado aportarle a Colombia por haberlos recibido.
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