Los colados en las listas de las Farc

/ Fotografía: Agencia EFE

Entre los miembros de las Farc que se reintegren a la vida civil y que se vean favorecidos por los beneficios del proceso de paz no pueden colarse, bajo ninguna circunstancia, personas que nada tuvieron que ver con la guerrilla y que ahora quieren limpiar su pasado delictivo. Por eso, las denuncias recientes de narcotraficantes identificados en las listas presentadas por las Farc deben llevarse hasta las últimas consecuencias.

El Tiempo fue el primero en prender las alarmas. A partir de una investigación de las listas presentadas por las Farc encontró al menos 25 capos del narcotráfico, con carácter de extraditables, buscando eludir la justicia. También descubrió que hay denuncias de abogados pidiendo dinero a cambio de la inclusión de criminales en esas listas. Uno de los nombres que encontró El Tiempo, para dar una magnitud del problema, fue el mexicano Irineo Romero Sánchez, quien tiene relaciones con los carteles de Sinaloa y los Zetas, y negociaba directamente con la cúpula del clan del Golfo. Preocupante que se haya colado dentro de la lista.

La buena noticia, no obstante, es que esos nombres fueron detectados por los filtros empleados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Como lo explicó el jefe de esa cartera, Rodrigo Rivera, a Blu Radio, “hay un grupo de unos 352 nombres, que llamamos casos sensibles, entre ellos unos 25 extraditables, que no hemos acreditado porque hemos recibido información de inteligencia o de la Fiscalía en el sentido de que no pertenecen a las Farc”. Según datos de la Oficina, de los 14.088 nombres entregados, sólo 11.284 han sido acreditados.

Rivera también dijo que “si alguien ha pasado nombres, y en el pasar de esos nombres ha habido dolo o dinero de por medio, la Fiscalía va actuar”.

La utilización del proceso de paz para limpiar nombres que no hacen parte de las Farc, aunque era un peligro esperable, no deja de ser una práctica reprochable que afecta directamente la confianza de los colombianos en los exguerrilleros y amenaza la implementación de lo pactado. Las voces que se han opuesto al proceso de paz no han desaprovechado esta oportunidad para lanzar nuevas críticas y en esta ocasión tienen razón en expresar su preocupación.

Si bien, como lo contó Rivera, 160 de los nombres identificados fueron retirados por las mismas Farc, la responsabilidad política recae en los líderes de ese grupo por permitir que esto ocurra. Deben explicar al país qué ocurrió: ¿falta de diligencia? ¿Mala fe?

Si en efecto se prueba que hubo personas involucradas cobrando a cambio de incluir los nombres en las listas, no sólo deben ser procesados los responsables directos, sino también exigimos respuestas de quienes dentro de las Farc tenían que estar verificando que algo así no fuese posible.

Finalmente, el Gobierno debe continuar su labor para evitar que narcotraficantes y miembros de bandas criminales aprovechen esta oportunidad para burlar a la justicia. El proceso de paz en ningún momento puede convertirse en una excusa para esta clase de fraude.

La Oficina del Alto Comisionado deberá, al finalizar el proceso, explicarle al país cuántos fueron los nombres definitivos que se colaron y, junto con la Fiscalía y las Farc, dar cuenta de cómo llegaron allí. De lo contrario, esta será una razón más para la desconfianza ante un acuerdo que ya está cargando muchos temores encima.

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