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Editorial 16 Ene 2013 - 7:44 pm

EDITORIAL

Los dilemas de un hombre

Se trata de una historia compleja. John Franco tuvo una hija a la que llamó Alison Brigitte, quien fue raptada por unos días y rescatada posteriormente en un impecable operativo de la Policía Nacional en el que se mostró la solidaridad de millones de personas interesadas en el destino de la menor.

Por: Elespectador.com
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Pero luego del final feliz, el interés nacional se volcó encima de los derechos de otra menor de edad: Katherine Gallego, la esposa del señor Franco.

Después del drama que tuvo que vivir sin su propia hija, a Franco se le viene encima la pregunta de si él violó o no a su esposa. De acuerdo con la ley penal vigente, tener sexo con un menor de 14 años (haya violencia y consentimiento, o no) es un acto sexual abusivo, por no estar el menor en capacidad de decidir sobre su propia sexualidad. Como es obvio, el debate se ha reducido a una cifra absurda: ¿tenía Katherine Gallego 14 años cuando consintió la relación sexual? Lo cual hace que surjan, a la par, preguntas que lleven a ésta al ridículo: ¿y si tenía 13 años, 11 meses y 29 días de edad? ¿Y si concibió su relación un día antes de su cumpleaños número 14? Como puede verse, este debate deja a trasluz la difícil regla del derecho de imponer una edad límite para las cosas. Pero, por lo pronto, de otra forma no se puede. Y Franco dice que él conoce la ley y que no tuvo relaciones con su esposa hasta tanto ésta tuviera 14 años de edad.

A la par de la ley penal surge la ley de familia. De acuerdo con el abogado de familia Carlos Fradique-Méndez, un matrimonio puede ser celebrado por menores de 14 años y genera obligaciones claras como el débito conyugal. Ambos, de acuerdo con lo que analiza Fradique-Méndez, habían consentido en casarse, a través de la figura que se conoce como unión marital de hecho, consolidando el derecho a entregar su cuerpo el uno al otro. Por tanto, desde una perspectiva enteramente del derecho de familia, las relaciones sexuales son legítimas.

No es un caso fácil, lo sabemos. Sobre todo cuando se trata de confrontar una ley del derecho sobre otra. ¿Cuál tiene la real palabra acá? El debate se lo dejamos a los juzgados, para que apliquen una entera justicia al caso dramático de un solo hombre. Lo que nos interesa dejar claro, ya que el tema está en boga, es el anonimato con el que pasan inadvertidos los otros 7.000 partos (sin contar los abortos clandestinos) que se dan en el país, de acuerdo con Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi. Todos de madres menores de 14 años.

La indignación general se ha ido contra el ICBF, porque ha demandado al hombre que, contrario a la mayoría, se casa con la menor, da la cara y cuida al hijo. Y la indignación se entiende: le caen al que no reproduce el abandono que azota a las madres menores cabezas de familia. Y sin embargo, el ICBF tiene razón al poner esta demanda de forma preventiva. El interés de Katherine Gallego debe ser defendido, así ella no lo quiera o no lo entienda. Dura es la ley, pero es la ley, diría un abogado. Más cuando se habla de un país en que las mujeres son maltratadas de tantas formas. Lo que no se entiende es qué pasa con el resto de casos impunes. Porque cuando se rapta a una menor con todo el seguimiento de los medios y se encuentra la situación en bandeja de plata, pan comido.

Llegó la hora, aprovechando el caso, de que las autoridades se pongan las pilas con situaciones similares. Y de que se profundicen y amplíen (y se vuelvan de mejor calidad) los programas de educación sexual para los menores de edad. ¿Hasta cuándo nos aguantaremos esto?

 

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