Los dos lados

Por un lado, está la comunidad de los indígenas u’was, que les ha expresado a los medios y al Gobierno que no dejará hacer las reparaciones que necesita el oleoducto Caño Limón-Coveñas, luego de que volara en pedazos por cuenta de otro atentado (van seis más este mes), perpetrado esta vez el 25 de marzo pasado en la vereda La China, jurisdicción del municipio de Toledo, en Norte de Santander. Las razones que expone la comunidad para negarse a la reparación del tubo (cosa que se demoraría apenas tres días con el uso de tecnología de punta) son de hondo calado: la contaminación del agua y los resguardos, así como las exploraciones en zonas indígenas, que para ellos, dentro de su visión de la realidad, es un etnocidio.

El Espectador
10 de abril de 2014 - 04:00 a. m.

Y harto se han opuesto a las distintas multinacionales que allá explotan el petróleo a lo largo de los años. No hay nada nuevo dentro de esa protesta de casi dos décadas. Lo visible hoy, por supuesto, es que su negativa impide la producción, día a día, desde el 25 de marzo, de los 30.000 barriles de crudo liviano. ¿Culpa de ellos? Culpa de todos, más bien. Harto se ha repetido en este espacio que las políticas nacionales deben hacerse entendiendo las realidades locales, alejadas éstas del lugar de donde se toman las decisiones. Aquí están las consecuencias de no hacerlo. Por supuesto, no sobra ponerlo de presente, la culpa principal proviene de la ola de atentados que la guerrilla de las Farc viene perpetrando en contra de toda lógica de insurgencia.

Está, por el otro lado, el Gobierno y sus posturas. Dicen que no, que ese no es terreno ancestral de los u’was, sino un lote adquirido por una parte de ellos. Puede ser. Pero mucho más allá de este tire y afloje, es grave que el oleoducto esté paralizado: tanto para la economía del país como para los empleados de la petrolera Occidental de Colombia (OXY), encargados de la producción del crudo, luego de que 500 contratos laborales fueran suspendidos por sustracción de materia: no hay trabajo. Asimismo, Ecopetrol dijo que había un caso de fuerza mayor para poder cumplir con unos contratos que tienen que ver con el petróleo de allá, librándose así de la responsabilidad gigante que causa su violación. Un caos completo.

A la violencia indiscriminada se suma, entonces, en este panorama lleno de problemas, la insatisfacción de los indígenas, el incumplimiento de vínculos laborales a los trabajadores de las petroleras, que despertó las alarmas de las uniones sindicales y, también, la economía extractiva del país, por la que el Gobierno se preocupa con razón. ¿Qué hacer? Políticas públicas a largo plazo impiden que, de manera expedita, se solucionen los problemas de hoy. Pero hay que empezar a pensarlas y enderezarlas mientras se toman los correctivos necesarios.

Primero, ya va siendo hora de que la guerrilla empiece a dar muestras de paz mucho más allá de la simple negociación del conflicto a miles de kilómetros de distancia de la sociedad que lo sufre. Ya no más. Ya estuvo bueno. Lo segundo es atender los reclamos de los indígenas con inteligencia y no con negativas e ignorando con arrogancia sus razones: ¿No puede movilizarse una comitiva del Gobierno a negociar, de forma sincera, el arreglo del oleoducto? ¿Resulta imposible? En vez de enfrascarse en una pelea sobre el tamaño del territorio ancestral que los cobija, lo mejor sería ir y escucharlos. Y que, ante ese símbolo, los indígenas entiendan también que tienen que generar un escenario de coexistencia con los otros. De ahí en adelante, una negociación puede lograrse.

Hace falta mucha inteligencia para solucionar estos problemas tan inmediatos. Pero aún es posible.

 

Por El Espectador

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