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Editorial 2 Jun 2013 - 11:00 pm

EDITORIAL

Los funcionarios públicos son nuestros

El viernes pasado fue asesinado Jorge Eliécer Valencia, funcionario de fiscalización aduanera de Cali. Celia Escobar Flórez, jefa de auditoría en Neiva, fue acribillada en su casa el 12 de mayo por un grupo de sicarios.

Por: Elespectador.com
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Al inicio del año, tres miembros de la policía fiscal y aduanera fueron ultimados en Maracaibo a manos de las mafias de gasolina. En lo corrido del año van cinco muertes asociadas a funcionarios y apoyos de la DIAN. Su director, Juan Ricardo Ortega, ha sido amenazado, según informó la Policía el pasado miércoles.

Todo acto criminal de esta naturaleza es indefendible, pero estos hechos infortunadamente van más allá: son un reflejo de un pulso institucional contra la ilegalidad que se viene dando dentro de esta entidad. Un pulso de particular importancia si se tiene en cuenta que en los próximos años tomará lugar un relevo generacional que marcará el futuro de la administración tributaria en las siguientes décadas. Alrededor de 3.000 funcionarios se jubilarán y es sin duda de vital importancia velar por la integridad y el profesionalismo de aquellos que llegarán a reemplazarlos. Sólo con un cuerpo de funcionarios transparente podrá la institución respaldar al país.

Infortunadamente, los riesgos de que esto no suceda abundan. Los interesados en capturar la DIAN en Colombia comienzan por mafias que buscan evadir impuestos o extorsionar a los contribuyentes, pasando por aquellos que buscan favorecer el contrabando y el lavado de activos, y por esa vía se llega a grupos armados para los cuales el narcotráfico es fuente vital de financiación. Y en la mitad están aquellos que, sin participar abiertamente de las actividades criminales, se benefician de ellas y las facilitan tácitamente. Todos estos son negocios tan rentables que sobreviven aunque les corten algunas cabezas. Su erradicación requiere una transformación interna, en la gobernanza de las instituciones como la DIAN, y externa, en la manera en que el Estado se coordina contra ellas.

La resistencia a estos cambios necesarios se manifiesta muy visiblemente en actos violentos, pero también en fricciones internas en las instituciones como la DIAN, y en obstáculos a la comunicación entre ellas. Y son precisamente los funcionarios que escarban en busca del origen de tales tropiezos quienes se topan con vacíos en la información necesaria y amenazas de los corruptos. Celia Escobar, por ejemplo, investigaba devoluciones fraudulentas de impuestos. ¿Quién está detrás de las empresas, legalmente registradas, que piden tales devoluciones? ¿Quién detrás de las que se prestan al lavado de activos? Estas son preguntas difíciles de responder en Colombia. El que las hace se expone. Y si las responde, las represalias, como tristemente hemos tenido que constatar, no se hacen esperar.

Los colombianos debemos asumir esta lucha como propia y respaldar a los funcionarios que están en primera fila. Los impuestos en el país, aunque deberían serlo, no son un mero trámite administrativo. Su conexión con el contrabando, el lavado de activos y el narcotráfico convierte el esfuerzo tributario en uno de los vértices más complejos del escenario nacional. La lucha por enderezar el rumbo debe continuar, pero para ello se requiere del apoyo nacional. Una autoridad tributaria sana es el soporte de todo Estado democrático moderno y pavimenta el camino a la equidad. En contraste, una autoridad tributaria capturada es un instrumento de abuso contra los ciudadanos y un generador de violencia e inequidad. En los siguientes años vamos a tener que decidir por cuál camino hemos de transitar.

 

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