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Los giros con el avalúo de los vehículos

Suena extraño que, en un año de crisis económica, ahora los colombianos deban pagar más por bienes que compraron en el pasado y que tienen vocación de depreciarse. ¿Deben entonces, por llevar el argumento al extremo, las empresas comenzar a valorizar sus activos en los balances en lugar de depreciarlos?

El Espectador
10 de febrero de 2016 - 08:39 p. m.
Después de reunirse con los gremios, la ministra de Transporte, Natalia Abello, moderó la posición de su Ministerio. / Cortesía
Después de reunirse con los gremios, la ministra de Transporte, Natalia Abello, moderó la posición de su Ministerio. / Cortesía

Después de varias semanas de quejas por parte de gremios que representan a los dueños de vehículos y a quienes los venden, el Ministerio de Transporte anunció su compromiso de no aumentar por encima del 6,7% —esto es, la inflación— el avalúo de los carros y motos con el que se calcula el monto del impuesto a liquidar. Quienes ya pagaron un incremento superior a ese porcentaje tendrán derecho a reembolso. Sin embargo, el plan de ajustar los precios sigue en pie y todo este episodio muestra falta de comunicación y planeación en el Ministerio.

Según Natalia Abello, ministra de Transporte, y Enrique Nates, su viceministro, la modificación de la base gravable de los vehículos es necesaria para el país por la inflación y la devaluación. Son dos sus argumentos: primero, hay varios vehículos que están siendo gravados sobre precios muy por debajo de su valor comercial real; segundo, las nuevas circunstancias financieras valorizaron un porcentaje de los carros y motos. Por eso, se contrató a Datasoft, una empresa encargada de entregar una nueva tabla de precios que respondiera a esas realidades.

El problema se presentó cuando se entregaron los nuevos impuestos. Si bien es cierto que algunas líneas de vehículos tuvieron aumentos que las acercaron a sus precios comerciales reales, en otros casos el incremento resultaba insólito. Lo dijo Fanny González, procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, en Blu Radio: “Tenemos ejemplos de algunos vehículos que en 2015 valían $33 millones, en 2016 el avalúo aparece en $48 millones, y el valor comercial del vehículo es de $25 millones”. Los gremios, por su parte, han denunciado valoraciones de hasta 50% más en los vehículos.

Por eso, la Procuraduría pidió que se revise el contrato con Datasoft; además porque hay líneas de vehículos que no se encuentran en la nueva tabla.

Durante el escándalo, el Ministerio se defendió diciendo que 5,5 millones de carros no vieron aumento, y que sólo 3,1% sufrió un incremento por encima de 10% frente al año 2014. También argumentó que era necesario expandir el número de líneas de vehículos, que pasó de 3.000 a 10.000, lo que permite una tasación más específica según las realidades de cada modelo. El aumento de las líneas es adecuado. Tener mejor información sobre el valor de los vehículos garantiza que se recauden los impuestos justos y, además, si se hace bien, permite que los ciudadanos tengan que hacer contribuciones acordes con el vehículo que utilizan. Sin embargo, todo parece indicar que se cometieron varios errores en la tasación, pues hay alzas que no tienen razón de ser.

Lo que sí resulta bastante cuestionable es si las nuevas circunstancias económicas en realidad han llevado a que los automóviles se valoricen al ritmo de la inflación. Los precios comerciales parecen indicar lo contrario. Suena extraño que, en un año de crisis económica, ahora los colombianos deban pagar más por bienes que compraron en el pasado y que tienen vocación de depreciarse. ¿Deben entonces, por llevar el argumento al extremo, las empresas comenzar a valorizar sus activos en los balances en lugar de depreciarlos?

Eso evidencia el principal problema de todo este asunto: la falta de planeación y comunicación. Los impuestos son los actos estatales que más conocimiento necesitan, pues los ciudadanos deben entender muy bien qué van a pagar y por qué. Con el impuesto de vehículos ocurrió todo lo contrario. La indignación de enterarse del cambio al momento de recibir el recibo de pago está justificada y demuestra que el Ministerio no hizo los esfuerzos adecuados para dar a entender el razonamiento detrás del incremento. Los reembolsos prometidos no son el trámite ideal y les generan cargas indebidas a los contribuyentes.

El Ministerio debería aprender de lo ocurrido y seguir las conversaciones con todos los involucrados. De lo contrario, las preguntas sobre la legimitidad del aumento son válidas, y las protestas seguirán.

 

 

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