Era, en en medio de un paro que derrumbó sus niveles de popularidad al 21%, la gran oportunidad para retomar el liderazgo. Empero, algunos mensajes que envía la selección de los nuevos nombres han generado más desconcierto que claridad sobre ese rumbo.
Sí, como dijo ayer el presidente Santos en entrevista con Blu Radio, se ha “desbogotanizado” el gabinete con personajes de diverso origen. Y sí, han llegado profesionales que manejan con propiedad los temas de sus carteras. Sin embargo, por lo que representan, se pueden hacer lecturas contradictorias sobre el nuevo equipo.
Por ejemplo con Rubén Darío Lizarralde en el Ministerio de Agricultura, quien habrá de liderar el prometido pacto nacional agrario que de respuestas de largo plazo al paro. Se ha destacado el desarrollo que, a través de Indupalma, han tenido las alianzas productivas de campesinos con grandes proyectos agroindustriales. Esa es, con sus innegables bondades tanto como las válidas críticas que se le hacen, una manera particular de ver el desarrollo rural que, eso sí, resulta bastante lejana de las demandas que se han escuchado en estos días. ¿Ha decidido el Gobierno que ese pacto agrario propuesto se base en una cesión de las políticas públicas rurales a la iniciativa y el capital privados? Mal comienzo para un pacto incluyente.
Más todavía, el proyecto palmicultor colombiano que representa Lizarralde se ha caracterizado por el menosprecio de lo que ha sucedido con la propiedad de la tierra, esto es, con la historia del despojo en el campo. ¿Cómo empata este nombramiento con una política central de este gobierno como la de restitución de tierras? ¿Y con los acuerdos de La Habana? Sobre el papel, pareceríamos estar frente a una de esas “incoherencias” de que hablaba el nuevo ministro de Minas, Amylkar Acosta, en reciente comentario sobre el Gobierno al que ahora ingresa.
Por comentarios como ese, pero más por otros de mayor profundidad, desconcierta el nombramiento de Acosta, conocedor como pocos del sector, cierto, pero con ideas muy contrarias a las que hasta ahora ha venido planteando el Gobierno con su locomotora minera. Estatista y crítico de la apertura comercial, el nuevo ministro es además uno de los demandantes del decreto que autoriza la venta de la participación del Estado en Isagén. Como una muestra de inclusión ha defendido el presidente este nombramiento, pero cuando las diferencias son tan grandes, originadas en la propia concepción del modelo, difícil que el aporte de la diferencia encuentre eco. Ya veremos.
No deja de llamar la atención, también, el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente. Se ha interpretado como el cobro a la distancia del expresidente Andrés Pastrana con el Gobierno, siendo Juan Gabriel Uribe de su entraña. Pero que haya sido reemplazado por quien venía manejando la agencia de licencias ambientales, Luz Helena Sarmiento, genera suspicacias en tanto ese Ministerio venía asumiendo una valiente posición de estudio juicioso de las mismas frente a la andanada de quejas por demoras en su emisión. ¿Hay aquí un mensaje de liberación de controles ? Ojalá que no.
Los demás nombramientos lucen apenas lógicos: ¿Quién más que Alfonso Gómez Méndez tiene la experiencia y el conocimiento técnico y práctico del sistema judicial como para plantear la reforma que se necesita y para desarrollar la justicia transicional que habrá de sellar un eventual acuerdo de paz? Y en Interior, tanto más tras demostrar durante este paro sus cualidades como negociador, Aurelio Iragorri ha venido haciendo carrera durante este gobierno y merecía ya ganarse la titularidad.
Quizás sea injusto entrar en tanta filigrana como hemos entrado para interpretar estos nombramientos. Ojalá nos callen con sus acciones. Pero la oportunidad de dar vuelta a la percepción negativa del Gobierno no fue esta vez.