El año pasado, “los Estados Miembros evaluaron colectivamente la situación y las medidas que debían adoptarse para promover la normalización de la situación y restaurar las instituciones democráticas. En esa ocasión no se tomó ninguna decisión, dejando abierto el debate (…) Desde esa fecha, los miembros del Consejo Permanente, los ciudadanos de América y la comunidad internacional han sido testigos de la agudización de la crisis económica, social, política y humanitaria en Venezuela. Las gestiones diplomáticas realizadas no han dado por resultado ningún progreso. Los reiterados intentos de diálogo han fracasado y los ciudadanos de Venezuela han perdido aún más la fe en su gobierno y en el proceso democrático”.
“Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son valores que deben estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante nosotros es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo (…) La democracia es el gobierno del pueblo. Quienes son elegidos para representar al pueblo deben servir de instrumento para canalizar el sentir de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Los representantes electos deben ser responsables ante el pueblo”.
“Diferentes sectores políticos venezolanos, especialmente aquellos más afines al Gobierno, incluidos algunos sectores opositores, así como parte de la comunidad internacional, han intentado presentar un mecanismo de diálogo como la solución a la crisis humanitaria, social, económica, financiera y política al pueblo venezolano. Ese mecanismo de dialogo fue decisivamente funcional a la estrategia del Gobierno de sostenerse en el poder a partir de reiteradas y continuadas violaciones a la Constitución (…) El pueblo de Venezuela se enfrenta a un Gobierno que ha dejado de ser responsable. La Constitución ha dejado de tener sentido”.
“El Estado de derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN), así como sus potestades constitucionales o los derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales (…) La corrupción es generalizada y la economía va en caída libre (…) Se ignoran los derechos civiles y políticos. Todo en interés de preservar la riqueza, el privilegio y la impunidad de quienes se aferran al poder”.
“Es hora de que el Consejo Permanente encamine acciones específicas con resultados concretos, que el llamado al retorno a la democracia en Venezuela no tenga ambigüedades y no quede sepultado en intereses coyunturales (…) El Gobierno venezolano ha persistido en el repudio de sus obligaciones en el marco del Sistema Interamericano. Se han rechazado las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, encaminadas a promover la normalización de la institucionalidad democrática. Lo expuesto en este informe no constituye en absoluto un ejercicio de crítica antivenezolana, sino, muy por el contrario, se trata de un aporte constructivo en defensa de los derechos de todos los venezolanos (…) Una vez más actuamos al amparo del derecho y la obligación que tenemos de proteger la democracia y los derechos humanos de todo el continente americano”.
“Al proponer la suspensión del Gobierno de Venezuela de las actividades de la Organización, lo hago con la convicción de que lo será por un breve lapso. Venezuela siempre será parte de la OEA y su presencia es fundamental para todos los países y para la Secretaría General”.
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