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El Gobierno del país vecino parece empeñado en mantener su errática carrera hacia el precipicio. Entregar al ministro de Defensa todos los poderes para paliar la crisis humanitaria que vive Venezuela, vía la militarización del sistema de puertos y la distribución de alimentos y medicinas, no augura nada bueno. Luego de la avalancha de personas que cruzaron la frontera el domingo anterior para abastecerse en Cúcuta de lo más esencial, lo prudente sería dar un timonazo al fracasado modelo económico y corregir el rumbo. Todo, empero, augura más de lo mismo.
La decisión del presidente Nicolás Maduro de nombrar el martes pasado al general Vladimir Padrino López como responsable de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro convierte al alto militar en la segunda persona más poderosa del país. La lógica que motivó el nombramiento sería la de aplicar la eficiencia y autoridad militar para combatir la corrupción rampante que no permite que alimentos de primera necesidad y medicinas, que existen, lleguen en forma debida a sus destinatarios. Asimismo se busca aplicar una nueva estrategia para enfrentar la supuesta guerra económica que “la oligarquía y el imperio” tienen contra Venezuela para derrocar el régimen. Hasta ahí el discurso oficial.
Sin embargo, contrario a la idea de que se trata de una mera medida administrativa, lo cierto es que el jefe de Estado se ha jugado una carta política que demuestra hasta dónde llega la precariedad de su menguada gobernabilidad. Los analistas consideran que el fiel de la balanza en el país vecino siguen siendo los militares. De esta manera, el oficialismo decide atornillarse al poder mediante el empoderamiento del ministro de Defensa. No en vano, en adelante todo el gabinete deberá rendirle cuentas a Padrino López, lo que termina por acentuar el carácter autoritario del socialismo del siglo XXI.
No hay que olvidar que, desde que asumió el poder, Hugo Chávez basó su estrategia en una supuesta alianza cívico-militar, mediante la cual benefició a sus antiguos compañeros de armas, muy en especial a los miembros de la alta cúpula militar. Recién posesionado creó el Plan Bolívar 2000, ubicando a generales que se encargaran, durante dos años, de manejar un generoso presupuesto destinado a promover planes de desarrollo. El resultado fue el inicio de una de fiesta de la corrupción que se ha mantenido a lo largo de estos 17 años de chavismo. En ese entonces se esfumaron más de US$150 millones sin que nadie haya respondido por ellos. Más adelante se hablaría de los US$100.000 millones desaparecidos del Fondo de Desarrollo Nacional. Nadie responde por nada.
En adelante han proliferado graves acusaciones que involucran a altos miembros de las Fuerzas Armadas, además de funcionarios gubernamentales o empresarios. La principal de ellas es el señalamiento por parte de las autoridades norteamericanas a generales en activo y retirados que hacen parte de una amplia red de narcotráfico internacional conocida como el cartel de los Soles. También están los militares involucrados en grandes negociados dentro de las grandes empresas del Estado que administran. Varios de ellos forman parte de la llamada Boliburguesía, la nueva clase social de chavistas que se han enriquecido con parte de los más de US$900.000 millones que se calcula llegaron por ingreso petrolero gracias a los altos precios del crudo.
Como hecho paradójico, fue el propio Nicolás Maduro quien anunció a finales del año pasado, ante el fracaso electoral de noviembre, que haría una limpieza de militares de los altos cargos del Gobierno y de las empresas estatales. Pero dado que las graves realidades del país lo siguen acorralando, antes que aceptar un verdadero diálogo con la oposición, que le permita reencauzar al país, optó de nuevo por radicalizar las posiciones del Gobierno e impedir a toda costa un referendo revocatorio que se está imponiendo. La situación en Venezuela continúa con pronóstico reservado.
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