Se trata del caso de Ana Léiderman (la madre biológica de una menor) y Verónica Botero, su pareja, quien en 2009 solicitó la adopción a la Defensoría de Familia de Rionegro (Antioquia). Se la negaron y, desde ahí, empezó un calvario procesal de cinco años hasta pedirle a la Corte Constitucional que le permitan el ejercicio de ese derecho tan suyo.
Dijimos en su momento que la ponencia era un rastro notable de independencia: la comunidad LGBTI tuvo miedo cuando supo que Guerrero asumiría el caso que Juan Carlos Henao, el expresidente de la Corte Constitucional, dejó en sus manos cuando se retiró para ser rector de la Universidad Externado. Guerrero, siendo elegido por la quintaesencia del conservatismo, dio una postura muy distinta a la que se esperaba y eso, en una democracia moderna, es la regla que debería cumplirse siempre y a carta cabal.
La ponencia que conocimos da varias vueltas, sin embargo. Después de hacer un guiño a las parejas heterosexuales, diciendo que son el escenario natural de reproducción y la estructura esencial especialmente protegida por el Estado, y de afirmar, no sin algo de razón, que los privilegios dados a punta de sentencias a las parejas del mismo sexo (patrimoniales, de salud, las que hemos visto) no son extendibles a la categoría de adopción, se puede leer al final la tesis fuerte, histórica: hay un déficit de protección del menor cuando el Estado se abstiene de reconocer las relaciones de afecto que hay entre un niño y la pareja de su padre biológico, independientemente de si es del mismo sexo o no, como ocurre en el caso.
Una ponencia tímida, es cierto, como tímida fue también la sentencia que pudo haber reconocido el vínculo familiar entre parejas del mismo sexo. Sí. Pero es una puerta abierta que podría servir de insumo para tener, por fin, una sociedad más incluyente. Mucho hay que barrer ese palabrerío discriminatorio que inunda a nuestra ciudadanía: cuando se niegan derechos a una población, por razones del sexo, se está discriminando. Eso es lo básico. Y que esta futura sentencia sea un paso adelante que quiebre esa tradición nuestra es un avance singular. El problema es que no sale. Hace poco este diario informó que, cansadas, Ana Léiderman y Verónica Botero llevarían su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falta, según ellas, de las instancias necesarias para ejercer derechos.
Se supone que la Sala Plena de la Corte abordará la ponencia la semana que viene. Ojalá así sea y puedan despachar, de forma expedita, un fallo favorable a la pareja. Es hora, entonces, de que la Corte desempolve esta ponencia y le dé el debate de altura que el país merece. Porque, de darse un fallo favorable, empezaría a crearse un precedente mucho más amplio: que la homosexualidad de una pareja no sea un impedimento legal para poder adoptar. Se abriría el boquete para un cambio histórico en los derechos de la ciudadanía. Hay que promover, entonces, que todo esto se dé. Ojalá así sea.