Que no son los de la conservación de una naturaleza que interesa a unos cuantos activistas, que es como a veces se sale al paso de los debates, sino la manera en que se avanza con un modelo de desarrollo que nos afecta a todos. Incluso la información ambiental oficial así lo indica: como vamos, vamos mal. Al punto que algunos se preguntan, incluso, si ha habido una política ambiental estructurada durante este gobierno.
Por supuesto que ha habido acciones, algunas valientes por cierto, pero no una política completa e integral, como se requiere en pleno siglo XXI. En lo formal, la política ambiental en estos cuatro años es un pequeño mar de buenas intenciones, con algunos islotes de realización. Un refuerzo a la financiación de los parques nacionales naturales, la creación de algunos nuevos, la oportuna rectificación presidencial en la política de conservación del Tayrona y su corolario esta semana con la reglamentación territorial para el turismo en los parques, fueron sin duda hitos importantes. Pero no alcanzan a consolidar una política de conservación del patrimonio natural y de adaptación al territorio.
El Gobierno recogió también procesos rezagados, como la formulación de un instrumento de compensaciones sobre pérdida de biodiversidad, el pago de servicios ambientales y la política de gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Esta última, con un enfoque novedoso elogiado más allá de las fronteras, internamente no ha sido entendida ni aplicada lo suficiente a las transformaciones territoriales. Es una política que se basa en la gestión del conocimiento, al mismo tiempo que las instituciones especializadas, como el propio Instituto Alexander von Humboldt, siguen subfinanciadas.
La propuesta de Colombia de formular Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentada al mundo en Río+20, es un aislado éxito diplomático que no convence, pues en el país muchas decisiones sectoriales siguen comprometiendo la sostenibilidad. La desbocada locomotora minera es ejemplo de ello. Por cuenta de la minería, en Colombia se ha detenido prácticamente la aplicación de la convención Ramsar, relativa a los humedales. Académicos y la sociedad civil vienen pidiendo una moratoria, para una rectificación de fondo, ante el silencio indiferente del Gobierno.
La gestión del talento también hace que el país pierda grandes oportunidades ambientales. Decisiones de alto nivel muestran ignorancia en el tema. La más protuberante fue no haber reformulado un plan de desarrollo acorde con la adaptación al cambio climático, una vez se produjo la mayor temporada de lluvias de tiempos recientes. Hubo, sí, una reasignación de recursos, pero, de nuevo, nada estructural. Y ello a pesar de contar con algunos excelentes funcionarios en segundas líneas que han resultado sacrificados en el manejo de lo ambiental en sus dimensiones ecológicas y sociales, como base para proponer un reordenamiento del territorio, su uso y su administración.
En este escenario, los grandes debates no emergen con la fuerza que ya aparecen en la opinión pública mundial. ¿Cómo se va a enfrentar la limitada gobernabilidad del actual modelo de las CAR? Se esperan planteamientos serios frente al riesgo ambiental de un posconflicto que lo más probable es que aumente la presión sobre los ecosistemas. Nada ha dicho el Gobierno sobre la necesidad de encarrilar la agroindustria, sobre la base de la gestión adecuada de los ecosistemas de la Orinoquia. Más que respuestas puntuales a los muchos dilemas ambientales que enfrentamos, se necesita una política integral en la que todos ellos converjan. Si estamos entrando en la discusión de la reelección, el país no debería reelegir las mismas políticas ambientales inconexas hasta ahora seguidas.