Mejor con cuidado

Tuvo que darse un escándalo de las magnitudes que alcanzó el del magistrado Jorge Pretelt con el caso de Fidupetrol (y todos sus anexos) para tomar verdadera conciencia de la necesidad de una reforma estructural a la justicia colombiana. Ahí escuchamos el martes al presidente Juan Manuel Santos lanzando una serie de anuncios sobre las reformas que se vienen. O, mejor, que ya se venían, pero sirvieron para la coyuntura.

El Espectador
26 de marzo de 2015 - 04:06 a. m.

Tuvo que darse un escándalo de las magnitudes que alcanzó el del magistrado Jorge Pretelt con el caso de Fidupetrol (y todos sus anexos) para tomar verdadera conciencia de la necesidad de una reforma estructural a la justicia colombiana. Ahí escuchamos el martes al presidente Juan Manuel Santos lanzando una serie de anuncios sobre las reformas que se vienen. O, mejor, que ya se venían, pero sirvieron para la coyuntura.

Las fórmulas, en efecto, no son muy novedosas, pero sí deben suscitar una serie de debates que redunden en una reforma como la que el país merece. Si necesitábamos un escándalo, pues mejor usarlo de la forma adecuada. Varios propósitos enunció el presidente: apartar a los jueces de la política, asegurar que todos los funcionarios del Estado sean debidamente juzgados cuando cometen una falta, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, acabar con la “puerta giratoria” en las altas cortes, mejorar el procedimiento de las tutelas, que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación y el juzgamiento de funcionarios públicos, entre otros.

Todo suena bien. Necesario, incluso. Pero hay que ver la letra menuda de estas reformas antes de aprobarlas a pupitrazo por cuenta de la indignación generalizada. Si nuestro sistema judicial no funciona y hay que reformarlo no es necesario el afán: no hace falta correr a construir otro para que colapse al poco tiempo por motivos distintos.

Es probable que eliminar el Consejo Superior de la Judicatura o realizar un examen a todos los estudiantes de derecho que están a punto de graduarse no sean aspectos que deban debatirse de manera muy amplia: son cosas necesarias y puntuales que un sistema judicial requiere. Y que tendrían efecto inmediato. Pero hay otras, hay otras, de diseño institucional, sobre las que sí caben dudas. Por lo menos tres nos inquietan.

Dijo el presidente Santos que pretendía alejar a los jueces de la política: sin duda no hay una mejor decisión para limpiar el sistema que asegurar la independencia de los jueces. ¿Cómo, sin embargo? ¿Por medio del retorno de la llamada cooptación? Así parece ser: “que la selección de magistrados sea mediante meritocracia, y que sean las propias cortes las que los designen”, dijo. Si bien eso cierra la posibilidad de una injerencia externa (y aleja a las cortes del clientelismo del que hoy son presa), la cooptación es un sistema nefasto que termina generando una aristocracia judicial en la que resultan eligiendo a quienes piensen igual, con lo cual las sentencias empiezan a volverse iguales y poco dinámicas. Eso volvería conservadora (en el sentido más puro del término) a, por ejemplo, la Corte Constitucional, famosa a nivel mundial por su progresismo. ¿No hay otra manera de seleccionar a los magistrados? ¿No se les ocurre nada?

El segundo tema preocupante es el del tribunal de aforados, que reemplazaría a la inoperante e inútil Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Un grupo de jueces que investiguen y acusen a los funcionarios públicos. Pero ahí vamos, de nuevo, con el tema de la independencia: ¿quién los elige? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Quién podría quedar desprotegido ante ellos? Esas son cosas de diseño que el presidente (ni nadie) ha tenido a bien en aclararnos. Y, peor, ¿qué tan profundo sería el cambio si se plantea que igual tendría un paso por el Congreso para la acusación?

Lo último es, por supuesto, la tutela: de nuevo, como cada vez que se quiere reformar la justicia en Colombia, se cuela el afán por regular ese mecanismo, probablemente el más grande triunfo de la Constitución de 1991. Este derecho, nos parece, debería quedarse tal y como está y, para las fallas que ciertamente se presentan en su operatividad, que sea la doctrina de la misma Corte Constitucional (como lo ha venido haciendo, por demás, en una muy nutrida y exacta jurisprudencia con el tema de “tutela contra sentencia”) la que le haga enmiendas.

Con todo, pensemos en abrir muy prontamente un debate para discutir el resto de reformas. No es poco lo que se viene, pero hay que hacerlo con una delicadeza de diseño extrema. Con cuidado.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Por El Espectador

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