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El país se prepara para el posconflicto, pero no en todos los frentes y no de la manera más adecuada. Como es habitual, el tema ambiental sigue rezagado y brilla por su ausencia la voluntad política de tomar las decisiones necesarias para tomarlo en serio.
En sus manifestaciones indeseadas, las crisis ambientales tienen su espacio no en secciones especiales de los diarios, sino en las primeras páginas y titulares. Prácticamente todos los días. Cuando no son los extremos climáticos, que nos encuentran siempre mal adaptados, son las crónicas de desastres como el que recientemente comentamos de la laguna de Sonso o el ya recurrente y sin resolver de la Ciénaga Grande de Santa Marta, para mencionar apenas un par de ejemplos. La ciudadanía y los expertos día a día se lamentan de la indolencia de los gobiernos. Quienes señalan con anterioridad las situaciones son irresponsablemente tildados de radicales, hasta que los hechos tardíamente les dan la razón.
Este Gobierno sigue, al igual que sus antecesores, cosechando en silencio derrotas en los altos tribunales, como acaba de suceder con el caso de los páramos y la minería. Se esperan decisiones frente a las especies “domesticadas por decreto” y otras tantas demandas. Sorprende la miopía ambiental en el caso de la Ley Zidres, cuando el país tiene propuestas muy serias sobre gestión ambiental asociada con la expansión de la agroindustria. Y así, en todos y cada uno de los temas ambientales ligados con el desarrollo, el Gobierno se distancia deliberadamente de quienes más saben, sólo por acomodar intereses. El Gobierno central, de hecho, ha marginalizado a sus propios expertos.
Cada pronunciamiento de las altas cortes en contra de las decisiones estatales es otro fracaso de la política ambiental. Y los altos funcionarios ahí, sin rendiciones de cuentas serias ni responsabilidades asumidas. Una de las situaciones que más preocupan en relación con el discurso ambiental del Gobierno, y que pretende emular el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es su distanciamiento sin ninguna vergüenza del conocimiento científico. Todo un gobierno premoderno, que se hace el de la vista gorda ante el conocimiento.
Los retos y las oportunidades de la gestión ambiental en un país megadiverso, complejo y vulnerable son enormes. Por ejemplo, no se entiende cómo, sin un viraje, se busca ambientar el posconflicto. Detrás del conflicto social agrario que se pretende resolver, ya se asoma el conflicto socioambiental por el territorio y los recursos. No se puede aplazar una vez más una reforma de la institucionalidad. El Gobierno tampoco puede seguir sosteniendo un discurso ambiental que considera de vanguardia en el ámbito internacional, cuando crece la evidencia de que no se practica en casa. Y ahora más, cuando tendremos los ojos de la comunidad internacional sobre nosotros.
De lamentar también es ver cómo no se concretan las grandes oportunidades de integrar un discurso ambiental moderno y basado en el conocimiento. El ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, ya hizo la tarea que le pidió el Gobierno. Se requiere atender ahora la demanda de la sociedad, renovando la administración con inteligencia y experiencia. Se requiere un liderazgo transformador del Gobierno en esta materia. Lo que hay hoy es simplemente insostenible. Llegó la hora de rectificar.
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