El motivo, mucho más allá de las reglas de las que se pegan con animosidad de puritanismo jurídico, es la discriminación directa. A secas. En ambos casos es evidente y en ambos casos quieren los peticionarios ampararse en un ropaje jurídico para no dejarnos ver lo que es a todas luces evidente: que no les gusta que esas parejas estén juntas.
Caso a caso, vamos primero con las congresistas. Lozano y López son pareja y eso riñe, según Víctor Velásquez, con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido desde la Constitución. Dice el abogado, en medio de una retórica ampulosa, que la conducta de las congresistas se acopla a lo que dice la “norma constitucional” en el “canon 129, numeral sexto”, a saber: “Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente (...)” y se inscriban por el mismo partido en la misma fecha. ¿Matrimonio? ¿No se ha negado el régimen jurídico colombiano a reconocer esta figura para parejas del mismo sexo? ¿O cuando nos conviene (en perjuicio de la comunidad) sí la usamos con ese nombre? ¿O unión permanente cuando es a todas luces evidente que no la han constituido las congresistas, porque Claudia López vivía en Estados Unidos el año pasado?
No es esta una demanda a favor de la aplicación de las normas y el funcionamiento del Estado: es porque hay una pareja de lesbianas que les molesta a algunos intolerantes. Y la noticia y el despliegue mediático exacerbado se dan por la misma razón.
El segundo caso (la mujer que puede adoptar a la hija biológica de su pareja) parte de lo mismo: las leguleyadas no paran a la hora de frenar derechos. Hay que encontrarle el quiebre a la sentencia por algún lado. Y no se rendirán: dijo el procurador Alejandro Ordóñez, pegado él también de una noción jurídica bastante conveniente, que el padre de la menor tiene una relación paternofilial con ella. Y que eso se escondió del proceso. Y que por eso el proceso debe ser anulado. ¿Sí? ¿Es por eso, señor procurador, o porque no le gusta la decisión del alto tribunal? ¿Es el respeto a la ley o su forma de ver el mundo lo que impera aquí?
La misma pregunta debería ir dirigida hacia Javier Sánchez, quien alega que Jorge Iván Palacio (quien votó a favor de la adopción) debió declararse impedido por ser el tío del padre biológico de la menor. Mejor dicho, que se aplique la ley. Eso nos dice Sánchez, quien, claro, es el director de la Fundación Marido y Mujer. ¿Es por la ley? ¿O es porque riñe con sus ideas la existencia del fallo?
Sabemos y entendemos que la ley está hecha para cumplirse. Y defendemos, de sobra, la importancia de la institucionalidad. Pero algo hay de conveniente en todas estas protestas amparadas en la supervivencia del ideal jurídico. ¿Qué tan legalistas son cuando una decisión institucional va en contra de lo que ellos creen? Parece que bastante. El derecho, nos parece, es algo bastante más amplio que esas normas que aquí se invocan.