Mucho puede y debe discutirse sobre los nominados por el presidente de la República, así como de los nombres que suenan para ser ternados por la Corte Suprema de Justicia, pero a ojo de águila todos parecen cumplir con las calificaciones jurídicas necesarias para ser buenos magistrados. No obstante, creemos que es momento de crear una nueva tradición al momento de elegir a los miembros del alto tribunal, que no es más que cumplir el mandato de la Constitución, y es la de exigirles a los candidatos mucho más que la mera competencia académica.
Basta con ver el estado actual de la Corte Constitucional para entender la necesidad de un cambio. El escándalo de Jorge Pretelt, por citar el más dañino de los cuestionamientos al alto tribunal, desprestigió la Corte Constitucional, la trajo al mismo nivel de las ramas políticas y promovió la idea entre los ciudadanos que la justicia del país es politiquera y adolece de los mismos vicios de nuestra cultura política. No es, cabe decirlo, una preocupación injustificada y tampoco se reduce a la rama constitucional de la justicia: ya están bien documentados los conflictos de interés de magistrados en altos cargos promoviendo regulaciones que favorecen sus intereses personales y no los del país.
Eso tiene que cambiar. Especialmente porque la Corte Constitucional es la guardiana de la Carta Política, que es la promesa del país que aspiramos ser. Si permitimos que la interpretación de nuestro acuerdo fundante esté sometida a influencias politiqueras, o a personas que puedan ser cuestionadas, pierde Colombia entera.
Para evitar ese problema, nominadores (el presidente y la Corte Suprema) y electores (los congresistas) deben abandonar sus preocupaciones cortoplacistas, y las influencias propias del mundo político en el que se mueven, y darle a la Corte Constitucional el respeto que merece. Las únicas consideraciones al momento de elegir deberían ser cuestiones ideológicas en abstracto, pero no el típico cálculo de “yo nombro a este porque no va a tumbar la reforma que aprobé”. Mucho menos persistir en el perverso “yo te elijo, tú me nombras a mis familiares”.
Nuestra invitación, aunque caiga en oídos sordos, es a que los electores sean particularmente exigentes. Descarten, de entrada, a los candidatos que tengan lazos directos con el mundo político; aquellos que han visto de cerca cómo funciona el aparato de intercambio de favores del Estado colombiano. Si los futuros magistrados llegan a la Corte Constitucional con una hoja de vida libre de afiliaciones políticas, de lealtades, de impedimentos por haber participado en los debates álgidos que tendrá que dirimir el tribunal, inmediatamente se recobrará parte de la legitimidad perdida, y sabremos que tendremos una Corte a la altura de la historia.
Precisamente porque quienes mejor cumplen este requisito no son los más avezados cabilderos y negociantes, no son favoritos. Pero eso no debería ser motivo para dejarlos a un lado. El Congreso debería desprenderse de sus cálculos en un año preelectoral y regalarle al país una Corte Constitucional de la que se pueda sentir orgulloso. Los candidatos están, sólo falta la valentía de elegirlos.
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