No de otra manera se pueden leer las recientes declaraciones del jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, en el marco de una celebración militar, al afirmar que han ejercido soberanía al este del meridiano 82. Se trata de una bravuconada carente de sustento que busca generar una reacción similar por parte de Colombia, con el desplazamiento de unidades militares.
El tiro le ha salido por la culata al general Avilés, por varios motivos. La tesis sostenida por Colombia, hasta la presentación de la demanda por parte de Managua, fue la de que no había nada para negociar. Los títulos históricos y jurídicos que poseemos han sido nuestra mejor respuesta. Sin embargo, cada vez que Nicaragua ha tratado de provocar situaciones limítrofes que pudieran llevar a algún tipo de confrontación, nuestras autoridades civiles y militares han obrado con cabeza fría y han hecho presencia activa en la zona sin caer en la trampa de acudir al uso de la fuerza.
La actitud adoptada por las administraciones Pastrana, Uribe y Santos, desde 2001, ha sido consecuente. Colombia, país amante de la paz y el diálogo, ha respondido con argumentos jurídicos para sustentar ante la Corte su legítimo derecho frente a las absurdas pretensiones del vecino. Para el efecto designó a un equipo de primera línea encabezado por el excanciller Julio Londoño Paredes, la máxima autoridad en materia limítrofe y artífice de la política exterior colombiana por más de 40 años. Junto con él se designó al excanciller Guillermo Fernández de Soto, amplio conocedor de estos temas, y ellos, acompañados por funcionarios de la Cancillería, han liderado el proceso de defensa que cuenta con la participación de tres de los más renombrados juristas expertos en derecho internacional. Una vez más, y frente a los hechos promovidos por Nicaragua, el país ha obrado sobre la base de los argumentos jurídicos e históricos.
La respuesta ante la provocación no podía ser distinta a la mesura, para no caer en el infantilismo de los juegos de fuerza que plantea el funcionario nicaragüense, pero sin dejar de reivindicar al mismo tiempo nuestra soberanía. Colombia no necesita movilizar unidades a la zona. Desde hace más de cien años se hace presencia dentro de los espacios soberanos que nos son propios. Cualquier intromisión en una zona bajo el control de las autoridades colombianas debe llevar consigo al debido reclamo ante las autoridades del país transgresor. De ser cierto el comentario del alto militar nicaragüense, de cuyos hechos no hay ninguna constancia por parte del Ministerio de Defensa, quedaría más que claro que se trata de provocaciones de fuerza a las que hay que responder con la diplomacia.
Justo mientras realizaba una visita a Honduras, país con el cual también Colombia comparte límites en el Caribe, la canciller Holguín reiteró que nuestro país ha defendido “una soberanía por siglos que tiene todo el soporte jurídico e histórico de que todo el archipiélago pertenece a Colombia”. Nada que agregar.
La CIJ deberá pronunciarse de aquí a diciembre y en este caso, como en cualquier otro contencioso, la justicia puede fallar a favor o en contra de los intereses de alguna de las partes. Mientras tanto, nuestros argumentos legales e históricos seguirán siendo la mejor defensa frente a la provocación.