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El país necesita conocer cuanto antes y con plena claridad quién asesinó a Cecilia Culcué (también conocida como Cecilia Coicué), propietaria de la finca de 72 hectáreas en Corinto, Cauca, donde se ubicaría una de las zonas de concentración de las Farc. Aunque las autoridades se inclinan por creer que hubo un motivo distinto al proceso de paz y a la ideología de Culcué, esto tiene que ser demostrado más allá de toda duda, pues este ha sido un año nefasto en lo que se refiere a la protección de activistas de derechos humanos.
Culcué era militante de la Marcha Patriótica y tenía vínculos con la Asociación de Trabajadores Campesinos de las Zonas de Reservas Campesinas, así como la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. Su propiedad está llamada a jugar un papel importante en el tránsito de las Farc hacia la vida civil.
Por eso su muerte prende todas las alarmas frente al proceso de desmovilización y desarme que comenzará en pocos días en las regiones. Desde un comunicado del Secretariado de las Farc pidiendo que se esclarezcan los hechos hasta voces desde todo el espectro político demandando que se refuerce la seguridad de los activistas, dan cuenta del temor porque esté tomando forma un saboteo a los esfuerzos para terminar el conflicto. La exsenadora Piedad Córdoba lo sintetizó muy bien: “Si continúan matando a los dirigentes, no podemos esperar mucho”.
¿Cómo se puede hablar de fomentar y mejorar la participación política de las voces marginadas si no se puede garantizar su seguridad? Ese es, no sobra repetirlo, uno de los grandes problemas históricos que ha enfrentado el país. Si bien el contexto en que se dio la eliminación de la Unión Patriótica, el partido político que nació de otro acuerdo de paz, tiene muchas diferencias con el proceso actual, esa sombra del uso de la violencia para eliminar las posibilidades de reconciliación se mantiene viva en el país.
En lo que va corrido del año, según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, han sido asesinados 49 defensores de derechos humanos en el país. Además, según la Defensoría del Pueblo, sólo en el último mes han sido asesinados seis activistas allí en el Cauca (contando a Culcué). Los perfiles de los defensores, además, son bastante similares. No conviene mirar hacia otro lado en estos momentos.
En los hechos más recientes, el 29 de agosto, Nereo Meneses, Marco Meneses y Ariel Sotelo fueron asesinados en el sur de Cauca. Los tres eran defensores del medioambiente y se habían enfrentado a los proyectos de minería ilegal y de narcotráfico. Seis hombres de camuflado los secuestraron y luego los mataron.
El Gobierno sabe que este es el reto más delicado en cuanto a la paz y la recuperación territorial. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el grupo de alto nivel constituido por el presidente “se reunirá la próxima semana para revisar la situación de Cauca y Nariño, dos departamentos en los que se debe reforzar las medidas de seguridad”. Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, respaldó la importancia de entender qué pasó.
Si, como dijo el coronel Édgar Orlando Rodríguez Castrillón, comandante de Policía del Cauca, el asesinato se debió a una disputa entre vecinos, es importante que la Fiscalía dé cuenta con claridad de lo que sucedió. Y, aún así, no es motivo para descuidar algo que los sectores de la izquierda vienen denunciando: hay grupos que están silenciando a punta de asesinatos a los activistas de derechos humanos.
Todos estos años de conflicto han estado marcados por las estigmatizaciones y persecuciones a quienes se atreven a expresar puntos de vista diversos. Ahora que las Farc van a entrar en la arena política, hay un riesgo enorme de que todo el esfuerzo se pierda si los violentos siguen encontrando maneras de imponer sus posiciones cobrando vidas.
El país entero debe rodear a todos aquellos que opten por expresar sus ideas por la vía democrática, lejos de las armas, y el Estado tiene que demostrar que en efecto puede garantizar la participación política en todo el territorio colombiano. No se trata de estar de acuerdo en todo, sino de aceptar, esto sí en consenso, que nadie tiene derecho de lastimar a otra persona por sus ideas políticas, y exigir que esa regla básica se haga cumplir.
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