Así es como debe obrar un Estado en un tema que despierta tanta delicadeza y, sobre todo, tantos intereses contrarios al bienestar de la sociedad. Los problemas de la salud abundan, por demás: basta leer un par de testimonios sobre lo complicado que es para muchos acceder a un tratamiento urgente, para saber que hace falta un cambio.
La reforma ordinaria a la salud se hundió a mitad de 2014 y el Ministerio de Salud se vio abocado a acometer la estrategia rápida: ahí vimos al presidente Juan Manuel Santos el 29 de diciembre pasado anunciando la firma de algunos de esos decretos y dirigiéndose a sus compatriotas con una frase que, en su criterio, los describía fielmente: “nuestro propósito es garantizar que los recursos públicos se inviertan en la salud de los colombianos”. Ya veremos qué tanto crédito podremos dar a sus palabras en el futuro.
A grandes rasgos, las nuevas reglas apuntan a distintas problemáticas: aseguramiento de personas que pierdan el empleo; definición de un nuevo modelo de atención para las zonas apartadas; reglamentación de habilitación de las EPS y producción de medicamentos biotecnológicos. Varios de estos puntos, vistos por encima, suenan muy bien. Sin embargo, es poca la aceptación que han tenido dentro de algunos sectores del gremio.
Mucho más allá de la cacareada necesidad de tener una reforma integral (que no soslayamos, ni mucho menos) el malestar parece estar en el mantenimiento del sistema de las EPS, que lucen a veces como el corazón del problema: y da de qué hablar, por ejemplo, que incluso cuando el presidente Santos pensaba en eliminar la figura, ahora conceda, de un plumazo, un lapso de siete años para que estas entidades tengan el patrimonio necesario y puedan pagar sus deudas. Cosa que da al traste, por ejemplo, con lo que también denuncian otros: eso de que los hospitales con crisis fiscal no tuvieran tanta oportunidad.
La crítica principal parece ser de coherencia y mantenimiento de condiciones que no han sido favorables para la salud colombiana. La queja resulta razonable, al menos, aunque haya mucha tela de dónde cortar. Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio que reúne a la mayoría de las EPS del contributivo), piensa de una forma muy distinta y afirma que esta nueva norma “permite tener reglas claras en este juego, que son favorables”. Puede ser.
Lo cierto es que la accidentada reforma al sistema de salud, que apenas ve la luz con estos nuevos decretos, debería estar, al menos, un poco mejor organizada: por partes. ¿Por qué no han sancionado la Ley Estatutaria de Salud, declarada viable por la Corte Constitucional, y que, desde arriba, da los lineamientos para tratar el fundamental derecho a la salud?
Suena bien, por supuesto, llegar a más partes del territorio y asegurar unas finanzas limpias en las entidades que prestan el servicio: ¿cuánto de esto podrá lograrse en el corto plazo? ¿La norma sí guiará por buen camino a las EPS o, por el contrario, resaltará sus defectos más prominentes en el largo plazo?
Los decretos operan desde este año que comienza. Lo mínimo, claro, es que estas dudas no queden al aire y pueda generarse una veeduría de varios sectores para que, realmente, la salud pueda saltar los distintos obstáculos que le han puesto a lo largo de estos años. Ya veremos, entonces.