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La ONU, por la paz

La aprobación unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU de una imaginativa fórmula frente al proceso de paz en Colombia es un paso adicional, y de gran calado, que acerca al país aún más a la terminación del conflicto armado.

El Espectador
26 de enero de 2016 - 08:02 p. m.
El apoyo de las Naciones Unidas al proceso de paz es un paso decisivo hacia la consolidación de un acuerdo final. / SIG
El apoyo de las Naciones Unidas al proceso de paz es un paso decisivo hacia la consolidación de un acuerdo final. / SIG

La aprobación unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU de una imaginativa fórmula frente al proceso de paz en Colombia causa especial satisfacción. Se contará con un mecanismo tripartito Estado-Farc-ONU, denominado Misión Política Especial, que se encargará de verificar que los acuerdos de La Habana para la dejación de las armas se materialicen. Es un paso adicional, y de gran calado, que acerca al país aún más a la terminación del conflicto armado. Punto a favor que se anotan las partes involucradas con un claro beneficio para el país.

Como lo dijera el presidente Juan Manuel Santos, “la resolución salió en los mismos términos en que la pedimos. Es un gran espaldarazo de la máxima instancia del mundo a todos los colombianos. Ya no vamos solos sino de la mano de la ONU, del mundo entero, hacia el fin de esta guerra”. Su optimismo tiene validez luego del debate sobre la conveniencia de abrir la puerta a la ONU y el temor de que ésta terminara involucrándose en temas sensibles para el país. En especial si la vía era la del Consejo de Seguridad, que, dependiendo de las circunstancias y el contenido de la resolución aprobada, tiene la potestad de ampliar su marco de acción. Sin embargo, el texto final fue hecho a la medida del interés del Gobierno y de las Farc y cierra los resquicios por los que se pudieran colar aspectos como el reclutamiento de menores, problemas de derechos humanos, entre ellos la violencia sexual contra las mujeres y los derivados del desplazamiento interno, entre otros.

De esta manera, lo aprobado el lunes en Nueva York logró la difícil cuadratura del círculo y blinda el proceso, dado que las tres partes van a participar en igualdad de condiciones, será eminentemente político, no habrá presencia de miembros armados, su objetivo está centrado en la dejación de las armas y su duración tiene un máximo de un año, aunque es prorrogable. La Misión estará conformada por “observadores internacionales desarmados” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Su actividad comenzaría una vez se firme el acuerdo de paz. De esta manera el grupo insurgente, que no ha sido derrotado en combate, dejará las armas en manos de la ONU. Hoy, en Quito, Santos expondrá ante sus pares, en la IV Cumbre de la Celac, los logros alcanzados y los pasos a seguir.

Se pregunta el excanciller Rodrigo Pardo en Semana, “¿es esta resolución un gana-gana para todos?”. De momento todo parece indicar, como él mismo lo menciona, que sí, aunque sólo el tiempo dirá cuál fue el resultado de su puesta en práctica. Gana el Gobierno porque logra apuntalar el proceso de paz de una manera definitiva con la vinculación directa de Naciones Unidas y bajo una fórmula que evita “efectos colaterales”. Ganan las Farc porque adquieren una dimensión sustancial al ser considerados como actor por el máximo organismo mundial, y difícilmente podrán revertir lo que ya se ha logrado con la supervisión de la comunidad internacional. Y gana Naciones Unidas porque responde con este proyecto a las críticas por los graves problemas internacionales ante los cuales su actuación ha sido insuficiente, por no decir nula, como en el caso de Siria y del llamado Estado Islámico.

“Las conversaciones han entrado en una etapa definitiva”, manifestó el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, haciéndose eco del optimismo del presidente. Es de esperar que ese ambiente prevalezca en los diálogos y temas como el de la definición de las zonas de concentración de los guerrilleros puedan avanzar de manera pronta. Existen visiones encontradas entre el grupo insurgente, que desea tener una zona por frente, y el Gobierno, que se opone a tal pretensión.

Ahora queda esperar que esa misma comunidad internacional colabore con la financiación de la Misión Política Especial.

 

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Por El Espectador

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