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Finalmente, ya sobre el final de las sesiones del Congreso, que ahora deberán adicionar extras hasta el 23 de diciembre para aprobarla, se presentó esta semana la ponencia de la reforma tributaria estructural todo el año prometida y, en un debate de apenas ocho horas, fue aprobada en su primer examen legislativo por las Comisiones Terceras del Congreso. Como ya varios analistas lo han dejado saber, ha sido mayor el sinsabor por lo poco estructural que terminará siendo esta nueva modificación al Estatuto Tributario y, además, por la manera como se ha venido aprobando y terminará pasando un régimen que afecta no solo el bolsillo de los colombianos, sino además la salud de la economía nacional.
Difícil reto, nadie lo niega, ese de poder combinar la necesidad urgente de recursos que compensen la caída en los ingresos petroleros con la no menos urgente de ordenar un sistema tributario repleto de agujeros y concesiones de dudosa utilidad general, eso sin contar con el verdadero hoyo negro de la informalidad y la ilegalidad que desequilibra la competitividad de nuestra industria y, por lo mismo, hace injusto el recargo en ella del recaudo por mucho que en los libros de texto pueda parecer lo más justo.
Esa era la estructuralidad esperada. Que, de hecho, hace algunas semanas, cuando el Gobierno Nacional presentó su proyecto inicial, parecía buscarse con la anunciada intención de reparar el golpe a la competitividad que significó la última reforma mediante un alivio a la generación empresarial, al tiempo que se mostraban dientes contra la evasión y la elusión. Ya entrando en los detalles y escuchando a los mismos industriales, sin embargo, apareció claro que, de nuevo, esta reforma se concentró mucho más en la necesidad de obtener recursos que en ordenar el sistema tributario. Y así, por citar un ejemplo, el impuesto llamado 4x1.000, reconocido por todos como antitécnico e inconveniente, una vez más se mantuvo intacto por la facilidad y el monto de su recaudo. Por idénticas razones, el cuerpo central de esta reforma será el aumento del 16 % al 19 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con todo y su enorme regresividad.
El Gobierno espera, con los cambios introducidos, recaudar un poco más de $6,2 billones, un billón por debajo de lo estimado inicialmente. Una “meta suficiente para cumplir la meta del déficit fiscal”, ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Alivia la tranquilidad del ministro, pero, ya lo decíamos, no solo de recaudo vive una economía. Una economía que viene desacelerándose y que en el último trimestre apenas creció el 1,2 %. Privilegiar el recaudo sobre la oportunidad de hacer más competitiva nuestra industria no hace más que repetir la lógica perversa que hace tan difícil hacer empresa en este país. Y sin empresas no hay economía que resista. Ya ha explicado el fenómeno el tributarista Santiago Pardo: “para atender el mercado nacional, las empresas se están yendo a producir en el exterior”. Es más barato.
Con todo, más preocupante aun es la manera como se impondrá esta reforma. El ministro ha dicho, no sin algo de cinismo, que “no ha habido una reforma tributaria que se haya discutido más intensamente”. Y puede ser cierto que las ocho horas de debate en el Congreso no dejen ver las muchas horas de debate interno —negociación sería una mejor palabra— entre congresistas y Gobierno —y lobistas, es fácil suponer— para hacer las modificaciones al proyecto que finalmente fueron presentadas esta semana y aprobadas por las comisiones. ¿Es eso debate? ¿Reemplaza esa negociación la discusión en el escenario natural para ello, que es el Congreso? ¿Es sano, para solamente citar un ejemplo, que el polémico impuesto a las bebidas azucaradas inicialmente propuesto se haya decidido abolir en esas negociaciones a puerta cerrada sin el debido debate público? Por mucho que se diga en contrario, eso sí es un “pupitrazo” de afán frente a la ciudadanía.
No tenemos duda ante la necesidad de la reforma tributaria y aprobarla luce impajaritable, porque una baja en la calificación de nuestra deuda tendría efectos aún más nocivos para todos. Pero eso no puede ocultar la oportunidad perdida de hacer un cambio estructural, las amenazas que esta reforma cierne sobre la competitividad de nuestro país y sobre la demanda interna, ni tampoco la manera forzada como el Gobierno Nacional se ha acostumbrado a imponer sus decisiones en el Congreso. Que no nos vendan como maravilloso lo que no lo es.
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