Una lista más bien larga de “desincentivos” punitivos, una y otra vez ventilados en la opinión pública cada que se presenta un hecho abominable. Todos estos constituyen una serie de símbolos que dan la apariencia de funcionar de la forma adecuada. Si las aplicamos, dicen quienes promueven este tipo de consecuencias penales, daremos no solamente un castigo merecido a estos delincuentes, sino también pondremos un buen ejemplo: de Estado fuerte, de Gobierno serio, de instituciones sólidas, de sociedad sensible y responsable. Nada de eso.
Es fácil vender esta idea cuando somos testigos de cosas tan atroces como el asesinato de unos niños inocentes. Reaccionar ante eventos salvajes desde la más humana de las apreciaciones sobre la vida y la venganza es algo apenas natural. Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, cuando dijo que debería reabrirse en Colombia el engavetado debate de la pena de muerte. Luego, cuando ya se le bajó la indignación (natural, insistimos), dijo que no, que se refería a la cadena perpetua. Otro debate vendedor, por demás.
La sociología penal ha dado en llamar este fenómeno “populismo punitivo”. Dicho en cristiano: promover ante la opinión pública (sirve más si estamos ante una indignación colectiva) penas elevadas y consecuencias severas para quienes incurran en algún tipo de delitos. Promover desde una instancia pública un debate de estos (sobre todo desde el Congreso) implica una aceptación ciudadana amplia: los estudiosos dicen que esto, en el caso de un senador o representante del órgano que hace las leyes, se traduce en votos asegurados para el futuro. La práctica ha probado la teoría en diversos países.
Pero no nos quedemos ahí. El debate, por ahora, parece ser mucho más amplio. Ha sido consignado en diversos estudios (el de los profesores John J. Donohue y Justin Wolfers, por ejemplo) que la pena de muerte no tiene el efecto disuasivo que se cree. No hay tanto impacto en la conducta del individuo: al menos hacia allá va la evidencia empírica. Por otra parte, la vida en Colombia, desde la Constitución y como obligación para el Estado, es inviolable: no se trata de un derecho absoluto, pero sí uno que ostenta límites muy claros.
La cadena perpetua, por su parte, parece inoficiosa en un país como Colombia. Más que las penas elevadas, lo que realmente convence a alguien de no cometer crímenes es la eficacia de la justicia: que lo cojan, lo procesen y lo encarcelen. Un sistema deslegitimado (y vaya si el nuestro lo es) no tiene ninguna clase de impacto por más de que las penas rebasen sus propios límites.
Le hallamos la razón, al contrario, al ministro de Justicia, Yesid Reyes: en Colombia hay penas tan altas que superan la expectativa de vida promedio. La cadena perpetua, por ende, y en la práctica, ya está rodando dentro de nuestro Estado. Lo que debe hacerse, tal y como afirma el señor ministro, es ver si debe mantenerse, ampliarse a otros delitos o eliminarse. Es un debate mucho más hondo sobre nuestro sistema punitivo: ¿queremos penas más altas o, mejor, queremos que las que existan sí conduzcan a la verdadera disuasión de quienes cometen delitos? Ahí está la cosa.
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