Al mismo tiempo que el presidente de la República pedía un año de gracia, la Contraloría General, en respuesta a un auto de la Corte Constitucional que le ordenaba investigar este embrollo, entregaba un documento en el que a grandes rasgos decía lo siguiente: que le ha insistido al Gobierno desde hace un buen tiempo en que se detengan los sobrecostos y las prácticas perversas de la entidad en cuanto a los precios de los medicamentos. Un problema que toca un derecho fundamental. Hasta el momento, insiste la Contraloría, no es mucho lo que se ha enmendado de manera integral. No es mucho, tampoco, lo que se ha cumplido de las órdenes de la Corte, dice.
El problema es grande: el tribunal constitucional le pidió a esta entidad que informara sobre las investigaciones que ha hecho para esclarecer si Saludcoop recibió, entre 2012 y 2013, recursos públicos pese a no suministrar un buen servicio. Todo basado en unas denuncias que hizo un grupo de exempleados respecto a que había una violación sistemática de derechos fundamentales por solicitudes sin atender. El interventor de la EPS dijo que no había coincidencia alguna entre los datos aportados por los ciudadanos y los que tiene la empresa: son menos peticiones, menos tutelas y menos incidentes de desacato, según contó. Las cifras, igual, son bastante grandes. Las bicocas de 147.000, 18.000 y 4.000, respectivamente.
En su defensa, el Ministerio de Salud ha dicho, respondiendo también a la Corte Constitucional, que la entidad se ha estabilizado con el mantenimiento de los servicios de salud, mientras se trabaja a todo vapor para la solución de los problemas más profundos. Asimismo dijo que todo esto debía ser considerado dentro de los enormes problemas que había (y que persisten, a juicio de la Contraloría) en el interior de Saludcoop. Un año, igual, pidió el Gobierno que representa este ministerio para que la situación quede completa de la forma idónea, muy a pesar del trabajo que ha hecho. Y eso, ese plazo que se fija a sí mismo, le permite respirar por un momento y afrontar la situación.
Muchos datos y cifras (uno no sabe muy bien a quién creerle) mientras el sistema, evidentemente, no está bien. Insistimos: ¿un año de lo mismo es garantía de que las cosas van a estar bien? ¿Ese es el plazo necesario para que, manteniendo las políticas que hasta hoy se han hecho, la entidad sanee sus finanzas? Bien valdría la pena revisar cuáles son los obstáculos que no permitieron la más pronta solución. Y, con ese insumo, corregir el camino y garantizar el cumplimiento de las pertinentes órdenes de la Corte.