Periodo personal

El Consejo de Estado, por fin, despejó las dudas que había en torno a la duración del periodo de Eduardo Montealegre como fiscal General de la Nación: ejercerá el cargo hasta 29 de marzo de 2016.

Podemos entonces decir, por fin también, que la interinidad en la Fiscalía, que acosó a Colombia durante los últimos años, y que revivió cuando fue destituida Viviane Morales por vicios de forma en su votación, ha llegado a su fin. 

La noticia es positiva: nuestro principal ente de investigaciones penales tiene por fin un camino firme por donde labrar una gestión que sea provechosa para el bienestar de este país. La sociedad colombiana necesita, hoy más que nunca, un interlocutor del derecho penal que les dé garantías a unos y a otros de que sí se puede ejercer justicia. Lo que tenía preocupado a Montealegre era la sensata pregunta de si su periodo era personal o institucional. Personal, en el caso de contar los días desde su posesión, sin el contexto histórico que lo precedió . Institucional, en el caso de ver al refrendado funcionario como un simple reemplazo de Viviane Morales y contar sus días salientes desde que ella fue obligada a dejar el cargo.

El Consejo de Estado, la corte encargada de discernir este no tan menudo problema, se inclinó con 20 votos (de 23 posibles) por la primera opción. Un acierto a nivel jurídico: la norma especial que regulaba todo este asunto (el cargo de fiscal en específico) indicaba que el periodo se contaba desde el día de la posesión. Los periodos institucionales se reservan para los cargos de elección popular.

Pero, sobre todo, fue un acierto a nivel político: es que Eduardo Montealegre no era una extensión muda de las políticas de Morales. Ella tenía su estilo propio, sus enfoques, sus casos. Montealegre llegó al cargo a plantear reformas acaso estructurales en la manera de investigar, tales como la unidad de análisis y contexto, útil para procesos de justicia transicional, donde los casos se investigan con criterios claros de priorización, enfocándose en la macrocriminalidad y no en los hechos particulares (infinitos unos, aislados los otros) que llevarían al caos judicial. Ya lo vivimos con el programa de Justicia y Paz. Asimismo, planteó ante el Congreso una reforma estructural para el ente: para que los procesos no estén anquilosados, para que se mueva más rápido la justicia.

Interrumpir un mandato de este estilo sería inconveniente. Por fin podemos darnos el lujo de tener una Fiscalía guiada por el mismo camino durante cuatro años. Fue absurdo lo que vivimos en tiempos pasados. Fue inconcebible, de hecho. Temíamos que esta situación se recreara por un tiempo más: la indecisión, la interinidad, la incapacidad de unos y otros funcionarios de postular un buen candidato y votar por él.

Y lo mejor: ya tenemos fiscal para rato, lo que implica en términos prácticos que prensa y ciudadanía tenemos la certeza de que hay alguien a quien pedirle cuentas claras sobre las cosas que no se están haciendo bien. Los casos represados o a los que no llega justicia. Parafraseando un poco lo que dijimos el día mismo de su posesión en este espacio: la aquilatada experiencia de Montealegre deberá demostrar a la sociedad colombiana que el Consejo de Estado no se equivocó. Por lo menos no en el plano político.