Proceso amañado

“Le doy gracias a Dios”, dijo efusivamente el procurador reelecto Alejandro Ordóñez el martes en la noche.

Ganó con holgura, acomodándose a los pronósticos de quienes se le opusieron con fiereza durante los últimos meses pero sabían lo que iba a pasar. No importaron las críticas que sectores organizados que defienden derechos humanos (sobre todo de minorías) levantaron. Ni las campañas ni las tendencias en Twitter ni los chistes gráficos de Facebook. Nada. Ordóñez se paró imbatible ante su elector natural, el Congreso. Elector natural que, por demás, él mismo propuso modificar en su primera elección, hace cuatro años, cuando dijo que no podían elegir un funcionario aquellos que eran juzgados por él. Con cierta dosis de miedo, el Legislativo se pronunció de forma contundente.

Dijo a la par que él era un defensor de los derechos constitucionales. Asunto que no sería relevante dentro de ese discurso si, justamente, en sus actuaciones no se confundieran los elementos religioso y jurídico. La moral y las buenas costumbres —tan etéreas y desentendidas— con normas o decisiones judiciales que nos rigen, como el aborto permitido en ciertos casos determinados por la Corte Constitucional o el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo. En fin, vienen cuatro años más para evaluar si se repite esta controvertida disyuntiva.

Por ahora, a lo que queremos referirnos es al proceso que antecedió a la reelección de Ordóñez, una especie de burla a la democracia misma. Empezando por lo obvio, y es que todos ya sabíamos quién iba a ser el ganador de la contienda. Los votos estaban cantados. Sin procesos o debates razonables. En medio de una pantomima. Y esto es deplorable porque, ¿para qué entonces conformar una terna? ¿No nos hubiéramos ahorrado tanto teatro si simplemente se le hubiera extendido el período a Ordóñez?

No solamente por el anónimo candidato que el Consejo de Estado propuso, sino también porque el Gobierno quedó en blanco cuando se dio cuenta de que su carta favorita ya había sido propuesta por la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Santos sabía que los ojos atentos a este proceso le estaban midiendo el aceite: ¿Estaba dispuesto a contraponérsele a Ordóñez proponiendo un candidato fuerte? No. Propuso a María Mercedes López, una profesional capaz que, sin embargo, renunció antes de la votación por falta de garantías. Y no las tuvo, la razón le asiste: el Ejecutivo cumplió con su labor para quedar bien en los libros, proponiendo a alguien y ya. No le dio respaldo ni la apoyó en su pretensión de aplazar la votación.

El resultado fue que el procurador ganó con 80 votos, haciendo morder el polvo a Orlando Gallo Suárez, quien obtuvo la pírrica cifra de dos sufragios, siendo superado por la ausente López, quien logró cinco. Y no fueron óbice los impedimentos que algunos congresistas tenían por estar siendo investigados por el organismo de control: “No aparecen los impedimentos porque lo que se va a ejercer es el derecho al voto”, dijo, gracioso, el senador del Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya, como si nada pasara.

Así las cosas, tendremos procurador para rato. No queda más que hacer un llamado para que en Colombia no exista más reelección en un organismo de control. La democracia (nuestro propio sistema, nuestras instituciones) requiere esa reforma.