Proceso de paz y justicia internacional

La inesperada y frustrante decisión de la Corte de La Haya sobre el mar territorial de nuestro archipiélago en el Caribe le restó interés noticioso al informe provisional que sobre nuestro país emitió por los mismos días la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

A un análisis de este diario, algunas menciones vagas en medios y un par de columnas de opinión, en esencia enfocados a la aseveración de que los llamados falsos positivos han sido una política de Estado, se ha circunscrito la divulgación de este informe en el debate público. No debería ser así. Es la primera vez que la CPI publica los resultados del examen preliminar que adelanta sobre nuestro país y explica la “naturaleza excepcional” de este reporte en “el alto nivel de interés público generado por este examen”. Colombia —con Guinea y Georgia— es así uno de los tres países en el mundo que pasa a la fase dos del examen preliminar de la Corte.

El informe llama la atención sobre varios asuntos de nuestra realidad que merecerían análisis y cuidado, pero quisiéramos centrarnos en uno determinante para el proceso de paz en curso con las Farc. Después de una minuciosa descripción de los crímenes cometidos por guerrilla, paramilitares y fuerzas del Estado, dice la fiscalía de la CPI que “seguirá de cerca... el ‘Marco Legal para la Paz’ y demás desarrollos legislativos relevantes”. Es decir que la pregunta sobre los límites que la justicia internacional impone hoy al nivel de impunidad que contemplen los posibles acuerdos a los que se llegue para la reincorporación de las Farc, ya no se circunscribe al debate interno sino que está dentro de las razones por las que la CPI decide continuar con su examen del país. Y, valdría concluir, una impunidad más allá de lo permitido llevaría a la intervención de la Corte.

En entrevista con este diario el lunes, decía Vincenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona y cuyos documentos han servido de base para el actual proceso colombiano, que “la paz requiere amnistía”. Y el tema, si bien el jefe negociador del Gobierno ha aclarado en carta a este diario que no se ha llevado a la mesa, se sabe que está siendo analizado para una fase posterior. Incluso, el mismo Fisas dice en el reportaje, refiriéndose a los militares, que “una amnistía los incluiría también”.

¿Estamos, pues, ante una sinsalida? No faltan quienes piensan que sí y que el país debería poner como valor supremo la consecución de la paz por encima de los limitantes internacionales. Ya que está de moda, un asunto de soberanía. Con cruda ironía se preguntaba Gustavo Gallón en su columna si “¿será que están pensando también en retirarse de la competencia de la Corte Penal Internacional?”. No hay tal. La justicia transicional contempla, en los mismos Protocolos de Ginebra, la posibilidad de que al momento de un cese al fuego se concedan las “amnistías más amplias posibles”, salvo para crímenes de lesa humanidad.

Lo que hay es que hacerlo bien. El límite de legitimidad lo dan, claro, los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que en el mundo globalizado de hoy es impensable soslayar. Pero eso no limita la creatividad para encontrar su ajuste al propósito de la paz. Ya el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha señalado ese camino cuando ha dicho que lo que prohíbe la justicia internacional son las “autoamnistías”. Y el informe de la CPI advierte precisamente que estará atenta a que la normatividad que se desarrolle no pretenda “tapar u obstruir el establecimiento de responsabilidad penal de individuos por crímenes” que están dentro de la competencia de la Corte. Es decir, no hay sinsalida, pero sí imposibilidad de ir demasiado lejos con la impunidad. Que, al final de cuentas, es lo que la sociedad puede estar dispuesta a aceptar. No hay que temerle, entonces, a ir pensando en la amnistía que, sí, seguramente deberá incluir a los militares. Ni a la justicia internacional para avanzar en el proceso de paz. Pero sí hay que ir siempre de su mano.