Pero cuando se trata de los niños, la responsabilidad de decidir sobre sus libertades y derechos recae en los adultos. La realización del concurso de belleza Miss Tanguita, en el marco del Festival del río Suárez en Barbosa, Santander, ha desatado la polémica nacional por el desfile en traje de baño de niñas entre los seis y diez años de edad. (El uso de “tanguita” o de otra prenda más encubridora es un accesorio morboso de la discusión: el evento impulsa la exhibición, competencia y valoración de las participantes por su físico).
La explotación infantil, la cosificación de las mujeres, la inevitable evocación de los mafiosos y su inclinación por las adolescentes y la malversación de los dineros públicos (la alcaldía municipal patrocina la festividad) son algunos de los asuntos debatibles que rodean este reinado y confluyen en una realidad incómoda: el arraigo de diversas prácticas culturales.
Mientras la alcaldesa de Barbosa, Rocío Galeano, defendía la realización del concurso y destacaba que las niñas no fueron convocadas a participar en actividades nocturnas (como si la explotación infantil, la perversión y la pederastia descansaran a la luz del sol), la indignación mediática y en redes sociales no se hizo esperar. Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reaccionó indicando que el concurso violaba los derechos de los niños. La Procuraduría y la Fiscalía anunciaron acciones.
Presenciamos un debate cultural, tardío pero imprescindible, convertido en una suerte de linchamiento público. Si bien este es un debate necesario, es preciso superar la indignación colectiva para transformarla en acciones concretas: el retiro del patrocinio de la empresa privada a las festividades populares que incluyan reinados infantiles (¡se debe revisar con rigurosidad la programación!), la sanción a los funcionarios públicos que destinen dineros de nuestros impuestos para estos eventos, por ejemplo.
Y más. En las sociedades contemporáneas, muchas de las grandes conquistas en materia de derechos de las minorías (etnias, mujeres, niños, etc.) se han logrado por la vía legislativa. El año pasado, la entonces representante Alba Luz Pinilla presentó una iniciativa para prohibir los reinados infantiles. Su propuesta no tuvo acogida. Como alcalde de Medellín y después como gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo ha abanderado decisiones de la misma índole, no solo guiado por el respeto a la equidad de género, sino además por los efectos que ocasionan trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, desencadenados por la presión social que promueven desfiles y reinados.
Es ingenuo pretender, como la alcaldesa de Barbosa, que un evento que exalta la apariencia del cuerpo como valor supremo no se traduzca en la sexualización prematura de las niñas, en apología a la explotación. Las alarmas de prostitución infantil en Colombia no dan margen a vacilaciones.
A diferencia de los reinados para adultos, los infantiles deben ser prohibidos porque las niñas participantes no actúan guiadas por su libre albedrío: no cuentan con el desarrollo intelectual, espiritual, emocional y físico para afrontar las decisiones y presiones que acarrea un reinado de belleza. Su voluntad está en formación.
No somos esclavos de la cultura y la tradición. El veto a los reinados infantiles es una medida necesaria para proteger a las niñas, una lección para formar a las nuevas generaciones en el respeto a la dignidad y los derechos de las mujeres. Sería, además, indispensable para deslegitimar las herencias mafiosas que siguen permeando nuestra cultura popular.