Protección amplia

La Corte Constitucional por fin se pronunció sobre la absurda solicitud de nulidad que la Procuraduría presentó en contra de la sentencia T-716 de 2011, en la que se hablaba de la pensión de sobrevivientes como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo.

Decía el ente de control, encabezado por Alejandro Ordóñez, que se había violado el precedente.

La Corte actuó en consecuencia, con la calidad de la respuesta que ameritaba ese tipo de petición: hubo en la providencia, dice el juez, respeto del precedente constitucional en “estricto acatamiento” del mismo; la llamada “cosa juzgada” cobija a todos los ciudadanos, volviéndose particularmente exigible al procurador general de la Nación, quien (paradójicamente, en este caso) está encargado del cumplimiento de la Carta; los cuestionamientos que hacen otros miembros del Estado son admisibles, pero carecen de toda fuerza normativa... Y así. Toda una lección jurídica, si se quiere.

La cosa quedó bastante clara: las parejas del mismo sexo en Colombia sí pueden constituir familia. Así se rasguen las vestiduras quienes piensen distinto. Para entender este postulado hace falta leer el artículo 42 de la Carta en clave plural y no homofóbica: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”. Está incompleta la norma, sí, pero es en esa clave como la lee, por ejemplo, monseñor Juan Vicente Córdoba, quien como muchos sólo acepta un prototipo de familia argumentando que es mandatorio por ley. Prosigue, sin embargo, el texto constitucional: “o por la voluntad responsable de conformarla”. De donde emana, inequívoca, la igualdad que tienen otras formas no convencionales de hacer familia.

Lo que tenemos que hacer ahora es ampliar la protección. Ya los argumentos en contra del matrimonio igualitario son muy discutibles y repetitivos. Sobre todo los que tienen que ver con la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, que es hacia donde debería dirigirse todo ese debate. Dicen, por ejemplo, que hay un riesgo de que los niños “salgan” homosexuales. Lo cual es absurdo. Bajo ese argumento, habría que prohibir primero la unión de parejas heterosexuales, que es de donde salen la mayoría de gays, lesbianas o travestis. Dicen también que un niño debe tener una imagen paterna y una materna para su correcto desarrollo emocional, olvidando que en Colombia existen madres cabezas de familia o padres solteros: ¿prohibimos esas modalidades también, ya que el menor crecerá psicológicamente afectado? No suena muy razonable.

Lo que se esconde detrás de todo este palabrerío es el miedo: el terror que despierta un tipo de sociedad distinta, plural, que no vea problema en formas no convencionales de hacer las cosas. Es por eso que la carta de someter a referendo esta decisión suena tan bien a nivel político pero tan mal a nivel democrático: estaría alimentada por el miedo mayoritario que aplastaría los derechos que tiene una minoría que ha luchado por ellos.

Lo que hay que hacer, repetimos, es pugnar por ampliar las protecciones, para que en un futuro deje de verse como “anormal” una condición determinada, distinta a la dominante. Hacia allá debe ir encaminado el debate el próximo 20 de marzo, cuando se reanuden las sesiones en el Congreso. Así, de una vez, dejaremos de estar dando vueltas en círculo en un tema que no lo merece tanto.